El Gobierno retrocede tras la presión social y la Oposición y frena derogaciones de leyes de universidades y discapacidad
En medio de la fuerte tensión política y social por el Presupuesto 2026, el Gobierno nacional decidió no avanzar con la derogación de las leyes de financiamiento universitario ni de la emergencia en discapacidad, y presentó alternativas para lograr su aprobación en el Senado sin abandonar el objetivo del déficit cero.
La definición se conoció este viernes tras una intensa jornada de reuniones en Casa Rosada, donde el presidente Javier Milei y su mesa chica resolvieron cambiar la estrategia legislativa luego del rechazo generado en Diputados y de las protestas sociales en distintos puntos del país.Desde el Ejecutivo aseguraron que la nueva propuesta “representa un esfuerzo económico enorme” pero mantiene el equilibrio fiscal, condición considerada innegociable por el Gobierno.
Discapacidad: pensiones y auditorías
En relación a la emergencia en discapacidad, el Gobierno planteará respetar la ley vigente, pero con modificaciones. Entre los puntos centrales se encuentra que la pensión no contributiva pase a representar el 70% del haber mínimo jubilatorio, con actualizaciones periódicas.
Además, se permitirá la compatibilidad con trabajo registrado, siempre que los ingresos no superen el equivalente a dos salarios mínimos. También se mantendría una compensación retroactiva de emergencia, ajustada por IPC, y se reforzarán las auditorías para detectar irregularidades y acelerar posibles bajas.
Universidades: más fondos, pero aumentos escalonados
En cuanto al financiamiento universitario, el Gobierno no impulsará la derogación de la ley, pero propondrá un aumento del 20% en los gastos de funcionamiento sobre el presupuesto 2025.
Respecto a los salarios docentes y no docentes, la actualización sería escalonada: un 5% en diciembre de 2025 y luego cuatro incrementos del 2% entre enero y abril de 2026. Recién en junio se evaluaría una compensación adicional por inflación.Negociación política y déficit cero
El Ejecutivo busca ahora negociar con aliados y gobernadores para lograr la sanción del Presupuesto antes de fin de año. En ese marco, también se evalúa reincorporar fondos coparticipables para la Ciudad de Buenos Aires, en cumplimiento del fallo de la Corte Suprema.
Desde el Gobierno insistieron en que se trata de un Presupuesto con déficit cero, clave para avanzar en reformas estructurales, entre ellas la reforma laboral prevista para febrero.Mientras tanto, el debate sigue abierto en el Congreso, con universidades, organizaciones sociales y sectores de la discapacidad en estado de alerta, atentos a la letra fina de un Presupuesto que aún promete fuertes discusiones.