Emergencia en Discapacidad: Denuncian “desinterés” del Gobierno Nacional y cierre de instituciones por falta de pago
A través de un duro comunicado, el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad alertó sobre la situación crítica que atraviesa el sector.
Bajo la consigna de que “el daño ya se encuentra producido”, las instituciones denuncian que las políticas de ajuste del Gobierno Nacional están vulnerando derechos fundamentales y forzando el cese de actividades de numerosos prestadores en todo el país.
Desde el sector señalan que existe una campaña activa para deslegitimar las ayudas y derechos reconocidos, sosteniendo desde el Ejecutivo que estos apoyos deberían ser responsabilidad de las familias y no del Estado.Aranceles atrasados y deudas millonariasUno de los puntos más críticos reside en el desfasaje arancelario. Según las estimaciones de los prestadores, existe un retraso del 40% en los valores de las prestaciones en relación con el costo de vida.
A esta brecha se suma la demora en la cadena de pagos de los principales financiadores:
PAMI: Presenta un mes de demora, habiendo abonado recientemente diciembre mientras se espera completar enero para el 10 de abril.
Incluir Salud: Comenzó tarde a cancelar deudas de octubre, noviembre y diciembre de 2025.
Obras Sociales Nacionales: Registran plazos de pago que, en muchos casos, alcanzan los 90 días.Esta asfixia financiera ha provocado el endeudamiento de trabajadores —quienes sufren atrasos en salarios y aguinaldos— y el cierre definitivo de instituciones que no logran afrontar sus obligaciones básicas.
El fantasma de la judicialización
Ante los reclamos por la insuficiencia de los aumentos otorgados a principios de 2026, la respuesta de los funcionarios nacionales ha sido sugerir la judicialización del reclamo, alegando que la normativa vigente no establece mecanismos claros para la fijación de aranceles tras la Ley de Emergencia.
Por otro lado, el Gobierno anunció que enviará al Congreso modificaciones legislativas vinculadas al equilibrio fiscal, lo que genera mayor incertidumbre en el sector. El Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ha cuestionado públicamente la legitimidad de numerosos certificados de discapacidad, aunque el Foro denuncia que no se ha presentado información ni listados que respalden tales afirmaciones.
Un llamado a Provincias y MunicipiosEl comunicado finaliza recordando que la respuesta hacia esta población no es competencia exclusiva de la Nación. Se insta a los gobernadores e intendentes a asumir su responsabilidad en áreas de educación, salud y accesibilidad, dimensiones que dependen directamente de las jurisdicciones locales para evitar un retroceso mayor en la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias.
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