CÓRDOBA DICE BASTA: EL GOBIERNO YA COBRA LOS OPERATIVOS POR AMENAZAS ESCOLARES Y LAS MULTAS SON MILLONARIAS

28 abril, 2026 | Ruta 9 Noticias

Se terminó la impunidad: el Gobierno de Córdoba formalizó el cobro de operativos por falsas amenazas en las escuelas

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En una medida drástica para frenar la ola de intimidaciones públicas que afectan al sistema educativo, el Gobierno de la Provincia de Córdoba oficializó el Protocolo de Recupero y Resarcimiento de Gastos.

A partir de ahora, los padres o tutores de estudiantes que realicen amenazas de tiroteos o bombas en colegios deberán hacerse cargo de los millonarios costos que generan los operativos de seguridad.

La resolución, impulsada por el ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros y publicada en el Boletín Oficial, establece que el Estado ya no absorberá las pérdidas económicas causadas por estas “bromas” pesadas.

Según relevamientos de la Policía de Córdoba, en los últimos meses se realizaron al menos 36 operativos por amenazas de tiroteos, con un gasto total que supera los $476 millones.

Multas de hasta 6 millones por caso

Aunque los costos logísticos pueden variar, desde el Gobierno aclararon que las facturas tendrán un tope “razonable” que rondará entre los $5 y $6 millones por intervención, dependiendo de la complejidad del despliegue de personal policial, brigadas especiales y servicios de emergencia.

El procedimiento de cobro:

Identificación: El Ministerio Público Fiscal identificará al autor de la amenaza y a los adultos responsables.

Cálculo de Gastos: Se cuantificará el uso de recursos, vehículos y personal desplegado.Intimación: Se notificará a los responsables, quienes tendrán un plazo perentorio de 5 días para pagar.

Vía Judicial: En caso de incumplimiento, la Fiscalía de Estado iniciará acciones legales para recuperar el dinero.”No se trata de una medida recaudatoria, sino de asegurar el uso responsable de los recursos públicos”, remarcaron desde el Ministerio.

Con esta normativa, Córdoba busca poner fin a una conducta que no solo pone en vilo a la comunidad educativa, sino que desvía recursos esenciales de la seguridad ciudadana.

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