ESCÁNDALO EN TOLEDO: CONCEJALES SE APROBARON SUELDOS DE $12 MILLONES Y EL INTENDENTE VETARÁ LA MEDIDA
Toledo bajo fuego: una ordenanza aprobada por la oposición abre la puerta a dietas de $12 millones para los concejales
La localidad de Toledo, en el departamento Santa María, se encuentra en el ojo de la tormenta política tras la aprobación de una polémica ordenanza que fija las dietas de los concejales y miembros del Tribunal de Cuentas. Según la redacción de la norma, los haberes mensuales de los ediles podrían escalar hasta los 12,3 millones de pesos, una cifra que el intendente Sergio Marín calificó como un “despropósito” absoluto.
El conflicto estalló en el artículo 5 de la nueva normativa, que establece que la dieta mensual será equivalente al 2% del presupuesto anual del municipio. Teniendo en cuenta que Toledo maneja un presupuesto estimado en 7.400 millones de pesos para 2026, el cálculo matemático arroja unos 148 millones anuales por cargo, lo que se traduce en más de 12 millones por mes.
Aprobación “express” y rechazo del Ejecutivo
La iniciativa fue aprobada “sobre tablas” (sin tratamiento previo en comisión) por una mayoría de cinco votos opositores contra los dos del oficialismo. El intendente Marín no ocultó su sorpresa y malestar: “Nos sorprendió la rapidez. Hay obras importantes que siguen sin tratarse y esto salió en una noche. Está completamente fuera de foco para una localidad de 6.000 habitantes”.
La batalla legal que se viene
Marín confirmó a los medios que avanzará con el veto total de la norma de manera inmediata. Sin embargo, el escenario es complejo: si el Concejo Deliberante insiste con la mayoría agravada y rechaza el veto, el intendente ya anticipó que recurrirá a la Justicia para plantear la inconstitucionalidad de la medida. “Si insisten, vamos a ir a la Justicia”, advirtió el jefe comunal, quien también señaló que la norma pretendía ser retroactiva al 1° de enero, agravando el impacto fiscal para el pueblo.
Mientras la oposición intenta ahora argumentar que el cálculo era “anual” debido a la repercusión negativa, desde el Ejecutivo aseguran que la letra de la ordenanza es clara y que no permitirán semejante avance sobre los recursos públicos en medio de la crisis que atraviesa el país.