LA FISCAL DE RÍO SEGUNDO PATRICIA BAULIES ORDENÓ LA DETENCIÓN DE DOS RECONOCIDOS ABOGADOS
En una jornada marcada por una fuerte actividad en los tribunales locales, la fiscal de Instrucción de Río Segundo, Dra. Patricia Baulies, dio un paso determinante en la causa que investiga presuntas irregularidades y maniobras de coacción vinculadas al ámbito judicial. Por su orden, este miércoles 6 de mayo fueron detenidos los abogados Teodora Perassi y Adrián Brochero, integrantes de un conocido estudio jurídico de la ciudad de Villa María.
Las detenciones se hicieron efectivas en el preciso momento en que la pareja se presentó en los tribunales de Río Segundo para prestar declaración indagatoria. La medida de la Dra. Baulies surge como consecuencia de una investigación que tomó un impulso decisivo el martes pasado, tras una serie de allanamientos en los domicilios particulares de los profesionales, donde se secuestraron dispositivos móviles que estarían siendo peritados en busca de evidencia relevante.

Conexiones con el caso Companys
El proceso que lidera Baulies guarda una estrecha vinculación con la situación procesal de la fiscal de Villa María, Juliana Companys, quien permanece imputada por diversos delitos, entre ellos supuestas presiones ejercidas contra testigos en el ejercicio de sus funciones. La fiscalía de Río Segundo busca determinar si existió un entramado de coacción para desviar o entorpecer investigaciones judiciales.
Denuncias cruzadas e interna judicial
Por su parte, la abogada Teodora Perassi, antes de ser privada de su libertad, calificó el accionar judicial como una maniobra para frenar denuncias de corrupción que su estudio habría presentado contra otros funcionarios judiciales de Villa María, como el fiscal René Bosio. Asimismo, la defensa de los letrados cuestionó la legalidad de los operativos previos, denunciando la ausencia de veedores del Colegio de Abogados durante los allanamientos.
Pese a los planteos de la defensa, la Dra. Patricia Baulies ratificó el rumbo de la instrucción, manteniendo a los profesionales bajo custodia mientras se analizan los elementos probatorios que podrían ser fundamentales para desentrañar los conflictos internos que sacuden a los Tribunales de la región.
