Terremoto político en Córdoba: allanaron a Marcos Carasso por una millonaria estafa con prestaciones del PAMI
Un verdadero sismo político e institucional sacude las estructuras del arco opositor en la provincia de Córdoba. En las últimas horas, la Justicia Federal ordenó una serie de allanamientos simultáneos en la vivienda del exintendente de General Cabrera, exdiputado nacional y ex-presidente de la UCR cordobesa, Marcos Carasso, y en las dependencias del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Córdoba, organismo público donde el dirigente radical se desempeña actualmente como vocal.
Los impactantes operativos fueron ejecutados por personal de Gendarmería Nacional por disposición del Juzgado Federal de Río Cuarto, a cargo del juez Carlos Ochoa, y bajo la dirección del fiscal federal Rodolfo Cabanillas. Los procedimientos forman parte de una investigación de alta complejidad que analiza una presunta asociación ilícita y maniobras sistemáticas de defraudación contra la obra social de los jubilados nacionales, cuyo perjuicio económico estimado para las arcas del Estado rondaría los 1.400 millones de pesos.
Marcos Carasso es un peso pesado de la estructura de Juntos por el Cambio a nivel provincial, habiendo sido el compañero de fórmula de Luis Juez como candidato a vicegobernador en los reñidos comicios del año 2023. La pesquisa judicial que hoy lo pone en el centro de la escena se inició a partir de una serie de denuncias anónimas que alertaban sobre la facturación fraudulenta de prestaciones de rehabilitación de alta complejidad destinadas a afiliados de la tercera edad, las cuales, según los indicios recabados, nunca se llevaron a cabo en la realidad.
El expediente penal señala que las maniobras denunciadas habrían operado a través de la empresa prestataria de servicios médicos denominada Ethical. Los principales imputados en la causa son Gonzalo Lima, Pablo Adzich, Lucas Kurilkowich y el exjefe médico del PAMI, Víctor Genesio —quien recientemente recuperó la libertad—, sumados a otras dos personas vinculadas directamente al entramado corporativo.
Las fuentes tribunalicias aclararon que el allanamiento del domicilio particular del referente radical y de las oficinas del Tribunal de Cuentas buscan ampliar el foco de recolección de pruebas sobre el control de los flujos de dinero. Las autoridades judiciales enfatizaron que, por el momento, todos los cargos constituyen elementos en etapa de investigación penal preparatoria, por lo que las imputaciones vigentes no representan una condena firme mientras se dictan nuevas medidas procesales en los tribunales del sur provincial.
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