Cuentas en rojo en el interior: intendentes admiten tensiones financieras, atrasos a proveedores y auxilio de fondos provinciales
Las finanzas de los municipios y comunas del interior de la provincia de Córdoba atraviesan uno de los momentos más delicados y complejos de los últimos años. La recaudación tributaria a nivel nacional encendió todas las alarmas al acumular nueve meses consecutivos de caída real interanual ajustada por inflación, un fenómeno contractivo que se explica de forma directa por la baja de impuestos dispuesta por el Gobierno central, el desplome sostenido del comercio exterior y un menor consumo interno derivado de la parálisis general de la actividad económica.
Esta drástica merma en los ingresos fiscales del Estado impacta de manera directa y lineal en el flujo de caja de las administraciones locales, debido a que reduce severamente los fondos de coparticipación que la Provincia envía hacia el interior. Al achicarse de forma drástica la masa de impuestos nacionales (como el Impuesto al Valor Agregado – IVA) y provinciales (como Ingresos Brutos), los intendentes cordobeses se están quedando sin el oxígeno financiero habitual para cubrir costos salariales extraordinarios, justo a las puertas del vencimiento legal para abonar el Sueldo Anual Complementario (SAC) o medio aguinaldo de junio.
La preocupación y la incertidumbre por la falta de recursos coparticipables unifica tanto a los intendentes oficialistas como a las administraciones de signos opositores. Según admitieron diversos jefes comunales de la región, la combinación entre la caída de la recaudación y la suma de obligaciones que los municipios deben afrontar en asistencia social para sus comunidades —ante una crisis económica que se profundiza con fuerza en la clase media— comenzó a generar tensiones que ya se reflejan en dificultades operativas concretas, registrándose los primeros atrasos en el pago a proveedores y la aparición de cheques rechazados en algunas comunas.
En este escenario de asfixia, las miradas del interior se concentraron en los depósitos correspondientes a las partidas de coparticipación. Si bien el envío de recursos contempla una incidencia positiva y un incremento directo por los cambios aplicados en el Impuesto a las Ganancias, el monto final depositado por el Centro Cívico no logra superar los índices de la inflación acumulada ni compensar el severo deterioro de las cuentas públicas locales. Frente a esta realidad, un referente político del norte cordobés sintetizó el panorama de los departamentos al afirmar que la prioridad absoluta de las administraciones en este momento es llegar a cubrir el aguinaldo.
Desde el Gobierno de la Provincia de Córdoba indicaron que, si bien a la fecha no ingresaron solicitudes formales de asistencia extraordinaria, no se descarta que el pedido de auxilio comience a masificarse en las próximas semanas. Ante esto, la gestión del gobernador Martín Llaryora mantiene como principal herramienta de contingencia la ampliación de la asistencia a través del Fondo Federal Permanente para Municipios y Comunas, un recurso de libre disponibilidad que ya debió ser utilizado en los meses de diciembre pasados por varios intendentes para poder afrontar las obligaciones salariales de fin de año.
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