Una pormenorizada investigación publicada por el medio de alcance provincial Córdoba Política Verdad puso al descubierto lo que calificó como “el curioso caso” de una funcionaria contratada en Río Segundo. El informe periodístico revela un intrincado circuito de decretos sucesivos emitidos por el intendente interino, Dr. Ricardo Granja, para sostener un millonario vínculo laboral con una agente de la planta permanente de la SeNAF provincial, sorteando las normativas de incompatibilidad.
La agenda política de la ciudad de Río Segundo se vio fuertemente sacudida tras la difusión de un informe del portal provincial Córdoba Política Verdad, el cual expuso de manera detallada una serie de llamativos movimientos administrativos dentro del Ejecutivo municipal. La denuncia periodística pone la lupa sobre los mecanismos institucionales empleados por la gestión interina del Dr. Ricardo Granja para incorporar y retener a una profesional en áreas sensibles de la comuna.
Los detalles de la investigación periodística
De acuerdo con la documentación y el análisis publicados por el citado medio, el entramado se inició en el mes de marzo, cuando la Municipalidad incorporó a Flavia Fernández para cumplir funciones en el área del Centro Integrador Comunitario (CIC). El portal llamó la atención sobre las particularidades financieras del acuerdo: un contrato de locación de servicios por un plazo de cinco meses y un fondo total de 7 millones y medio de pesos, una cifra considerablemente elevada si se la contrasta con los salarios de otros agentes contratados de la misma planta, cuyos ingresos promedian los 300 mil pesos mensuales.
La crónica de prensa detalla que el conflicto administrativo escaló tres meses después, en junio, cuando aparentemente la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SeNAF) de la provincia intervino mediante una consulta formal por una presunta incompatibilidad de funciones, dado que Fernández pertenece a la planta permanente de dicho organismo cordobés.
Ante el supuesto requerimiento se emitió una resolución para dejar “sin efecto” el contrato original de marzo, argumentando una “reestructuración”. Sin embargo, el informe periodístico revela que, en un movimiento simultáneo, el jefe comunal firmó un nuevo decreto nombrándola como coordinadora de las dependencias comunitarias, logrando de ese modo sostenerla en la estructura local y eludiendo las observaciones de la repartición provincial. El portal acompañó la nota haciendo mención a una fotografía de la profesional junto a Granja y al gobernador Martín Llaryora como muestra de sus fluidos vínculos políticos locales.
El dato de color: la oposición y la vía judicial
Como dato de color de esta controversia institucional, trascendió en los pasillos del Palacio Municipal que, con toda la documentación y la información que el periodismo sacó a la luz, los bloques de la oposición local podrían presentarse de forma inminente ante la Justicia penal. Según asesores legales, los datos expuestos por la prensa configurarían elementos suficientes para evaluar una denuncia formal contra la profesional por supuesta falsedad ideológica en su declaración jurada de cargos, y contra el propio intendente interino Dr. Ricardo Granja por el presunto delito de nombramientos ilegales, estipulado en el Artículo 253 del Código Penal de la Nación.
Fuente: Investigación periodística de Córdoba Política Verdad
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