El proyecto oficial que recorta los subsidios de gas natural golpeará de lleno a 13 departamentos de la provincia, alcanzando a 1,8 millones de cordobeses. La diputada nacional Carolina Basualdo denunció el carácter antifederal de la medida: los usuarios seguirán pagando el impuesto al fondo fiduciario pero perderán el descuento en sus facturas.
El nuevo esquema de quita de subsidios energéticos impulsado por la administración de Javier Milei desató una fuerte alarma política y social en la provincia de Córdoba. La reforma al régimen de Zona Fría (Ley 27.637), que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y aguarda su tratamiento en el Senado, dejará sin tarifa diferencial de gas a 13 departamentos cordobeses, impactando de lleno sobre más de 712.000 hogares (casi 2 millones de habitantes).
De concretarse la sanción definitiva de la ley, las facturas residenciales de gas experimentarán aumentos directos de entre el 40% y el 100% en pleno invierno, afectando especialmente a la clase media trabajadora, jubilados y sectores productivos.
Un recorte distorsivo que castiga al interior productivo
Durante una entrevista en el programa La Voz En Vivo, la diputada nacional Carolina Basualdo cuestionó duramente la política tarifaria del Ejecutivo nacional, calificándola como un ataque directo a las provincias del centro:
“Este proyecto viene una vez más a meterle la mano en el bolsillo a los cordobeses. Es una medida incoherente, cortoplacista y profundamente antifederal. El criterio de Zona Fría no era un capricho político, sino una respuesta técnica y climática a departamentos como Calamuchita, Río Cuarto o San Javier, donde las temperaturas invernales llegan a 10 grados bajo cero”.
Además, la legisladora expuso que el nuevo esquema es “engañoso” porque reduce la base del subsidio únicamente al gas en boca de pozo, dejando los cargos fijos de transporte y distribución —que representan el grueso del costo final— totalmente al descubierto.
La paradoja del impuesto: Pagar el fondo pero perder el beneficio
Uno de los puntos más críticos de la medida es su impacto fiscal y tributario para los cordobeses:
- El fondo se sigue cobrando: El financiamiento del régimen no sale del Tesoro Nacional, sino de un recargo obligatorio del 7% que figura en todas las facturas del país.
- Sin contraprestación: Los usuarios de Córdoba continuarán pagando ese tributo específico, pero verán anulado el descuento del 30% al 50% en sus boletas.
- Córdoba aporta sin retorno: La provincia aporta más de 2.000 millones de dólares anuales en concepto de retenciones agropecuarias sin recibir compensación energética equivalente.
Asimetría y privilegios para el AMBA
El debate legislativo puso en evidencia el doble estándar de la política energética nacional. Mientras el Gobierno nacional acordó subsidios eléctricos con provincias del Norte Grande para sumar votos en el Senado y condonó deudas multimillonarias con CAMMESA a las distribuidoras eléctricas del AMBA (como Edenor y Edesur), Córdoba quedó marginada del entendimiento y soportará el peso del ajuste tarifario.
Con el proyecto a las puertas de la Cámara Alta, crece la presión sobre los senadores cordobeses para frenar un incremento que asfixiará el poder adquisitivo de los hogares en toda la provincia.
(Fuente: La Voz del Interior / Cba24n / Redacción Ruta 9 Noticias)
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