La expulsión de Florencia Guerra Sodero exhibe la asimetría moral de la época: castigo fulminante para una laburante del interior y blindaje para los agravios del Presidente y sus legisladores.
El repudio a cualquier expresión que discrimine o denigre no admite matices ni justificaciones. Florencia Guerra Sodero cometió un gravísimo traspié discursivo en sus redes sociales y la Asociación de Pádel Argentino (APA) actuó de inmediato apartándola del Panamericano. Hasta allí, la estricta aplicación del reglamento. Lo que resulta inadmisible es la doble vara política y mediática que rige el debate: mientras a una deportista amateur del interior se le aplica una muerte civil exprés por no pertenecer al oficialismo, los dirigentes de la Casa Rosada y sus bancadas legislativas gozan de impunidad absoluta tras agraviar a personas con discapacidad y naturalizar la violencia como doctrina.
Guerra Sodero es una vecina de Pilar, trabajadora y deportista que construyó su clasificación a puro pulmón, costeando cada entrenamiento en soledad. Bastó una historia en Instagram para que los medios de Buenos Aires salieran en manada a convertirla en carne de cañón, remarcando con alevosía su pertenencia política y demoliendo el sueño de su vida en cuestión de minutos. La pregunta surge de inmediato: ¿habría existido semejante ensañamiento y celeridad punitiva si la jugadora militara en las filas libertarias? La realidad demuestra que la indignación pública se administra según la conveniencia ideológica de turno.
El contraste más descarnado lo protagoniza el propio oficialismo nacional frente al caso de Ian Moche, el niño activista con autismo. La diputada nacional Lilia Lemoine llegó a asegurar en televisión abierta que la madre del menor «lo hace actuar de autista» para obtener ventajas políticas, mientras desde la cuenta oficial del Presidente Javier Milei se replicaron mensajes que tildaban al niño de formar parte de una «operación del mal». Aquel hostigamiento derivó en amenazas de muerte y obligó a medicar al menor. Pese a la gravedad del hecho, ningún legislador fue sancionado, ninguna comisión de ética actuó de oficio y ningún medio hegemónico exigió su expulsión del espacio público.
Lejos de tratarse de un caso aislado, la cúspide del poder convirtió la deshumanización en su principal bandera discursiva. El mandatario normalizó insultos como «pedazo de mogólico, imbécil, tarado» —expresamente repudiados por la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA)—, amenazó con «aplastar a opositores en silla de ruedas», celebró montajes denigrantes sobre gobernadores con rasgos de síndrome de Down y calificó a legisladores y periodistas como «ratas», «orcos» y «mierdas humanas». Si la agresión emana del sillón de Rivadavia o de sus bancas aliadas, el aparato libertario la aplaude como «batalla cultural» y «libertad de expresión». Si quien derrapa es una ciudadana común de provincia, le caen con furia inquisitorial.
La no discriminación debe ser una regla colectiva innegociable, jamás un pretexto para el linchamiento selectivo. Una sociedad que tolera la violencia sistemática de los poderosos y descarga todo el peso de su moral sobre los eslabones más débiles es una sociedad enferma de cinismo. Exigir ejemplaridad a los de abajo mientras se consiente la crueldad en las esferas de gobierno no es apego a las normas; es pura cobardía política. Si el castigo no empieza por quienes conducen la República, la justicia deja de ser tal para convertirse en una arbitraria muestra de privilegios de casta.
Por Redacción Ruta 9 Noticias
Columna de Opinión y Análisis Político
