La denuncia penal que investiga la Fiscalía de Instrucción detalla la transferencia de $2.000.000 desde las arcas municipales hacia la cuenta particular del exintendente interino. El dato institucional clave: la utilización del token oficial para autorizar las operaciones en beneficio propio.
La investigación penal abierta en la Fiscalía de Instrucción de Río Segundo por la presunta comisión de los delitos de malversación de caudales públicos y peculado (artículos 260 y 261 del Código Penal) tiene como primer eje probatorio una serie de transferencias electrónicas directas. La presentación judicial impulsada por la Asesoría Letrada municipal —con el patrocinio del Dr. Emilio Nicolás Peralta— puso bajo la lupa judicial la salida sistemática de dinero desde la cuenta corriente oficial hacia el patrimonio personal del actual presidente del Concejo Deliberante durante su período a cargo del Departamento Ejecutivo.
La prueba documental anexada al expediente penal acredita el movimiento de fondos desde la cuenta corriente bancaria de la Municipalidad de Río Segundo en Bancor hacia una caja de ahorro particular.
El rastro de las tres transferencias en Bancor
Los extractos bancarios incorporados a la causa judicial consignan tres envíos de dinero consecutivos bajo el concepto genérico de “Varios”, emitidos desde la cuenta corriente oficial CC $ 451 0000000408 (CUIT 30-99901479-4) hacia la cuenta particular de Ricardo Luis Granja (CUIT 20-24833502-6 / CBU 0200451211000030191662):
- 12 de junio de 2026 (16:38 hs): Transferencia por $500.000,00 (Código de transacción Bancor 7ECAEF).
- 24 de junio de 2026 (16:21 hs): Transferencia por $1.000.000,00 (Código de transacción Bancor 50D3C3).
- 1 de julio de 2026 (17:11 hs): Transferencia por $500.000,00 (Código de transacción Bancor 3C45AF).
El rol del token de seguridad: autorizante y beneficiario en una misma persona
Uno de los puntos centrales que sustenta la denuncia radicada ante el Ministerio Público Fiscal radica en la mecánica operativa de las transacciones. De acuerdo con el escrito judicial, la disposición de los fondos comunales requería de manera obligatoria la validación mediante el dispositivo digital de autenticación (token de seguridad bancario).
Durante su interinato, Granja tenía bajo su custodia y administración dicho dispositivo. El informe elevado a la Justicia resalta que el propio funcionario fue quien debió intervenir en el circuito informático para autorizar que el dinero abandonara la cuenta municipal, confluyendo en la misma persona la facultad de habilitar la salida presupuestaria y la condición de destinatario final de los $2.000.000.
Asimismo, la denuncia subraya de manera taxativa que las sumas transferidas no formaban parte de la liquidación de haberes, dietas, remuneraciones legales ni conceptos vinculados a gastos de representación institucional.
La valoración jurídica ante la Fiscalía
Para los letrados del municipio, estas operaciones no constituyen meras fallas administrativas, sino maniobras que configuran la privación deliberada de fondos públicos a su destino legal en concurso con su apoderamiento particular.
Con los códigos de transacción, comprobantes y números de cuenta incorporados al expediente formal, la Fiscalía de Instrucción avanza ahora en las medidas probatorias para determinar la trazabilidad del dinero y las responsabilidades penales del caso.
