En un desesperado descargo en redes tras el pedido formal de apartamiento, el Asesor Legislativo incurrió en errores jurídicos inadmisibles: reconoció la convivencia de su familiar con el proveedor Rubén Boyero pretendiendo eludir la Ley de Ética Pública, se contradijo al calificar su informe como una “simple opinión no vinculante” mientras anunciaba que él mismo irá a la Fiscalía a radicar la denuncia, y expuso una flagrante parcialidad política que lo inhabilita por completo para continuar en su cargo público.
Hay errores de los que en el derecho y en la política no se vuelve. El Asesor Parlamentario del Concejo Deliberante de Río Segundo, Dr. Roberto Bujedo, protagonizó en las últimas horas un verdadero “sincericidio” público que terminó por dinamitar cualquier vestigio de imparcialidad y seriedad institucional. Acorralado por la impugnación formal ingresada por Mesa de Entradas que expuso la manipulación de cifras en el cierre del SerMAS, el abogado ensayó una catarsis en redes sociales que, lejos de aclarar, desnudó una incapacidad técnica alarmante y confirmó cada una de las sospechas: armó un dictamen a medida, protegió a su entorno familiar y convirtió su función técnica en un comité de persecución política coordinado con Ricardo Granja.
La burrada jurídica: “No es mi pariente porque conviven sin libreta”
El tramo más escandaloso de su escrito es el intento de justificar por qué mandó a perseguir penalmente a proveedores locales mientras borró del dictamen las facturas y órdenes de pago millonarias del comerciante Rubén Boyero.
En un argumento que oscila entre el ridículo y la mala fe procesal, Bujedo argumentó textualmente que “según el Código Civil el parentesco por afinidad surge única y exclusivamente del matrimonio civil” y que, al tratarse de una “unión convivencial (pareja de hecho) con mi hermana, jurídicamente no existe vínculo de parentesco”.
La confesión es demoledora:
Admitió el vínculo en primera persona: El asesor reconoció formalmente ante toda la comunidad que Boyero es la pareja que convive bajo el mismo techo con su propia hermana.
Desconocimiento supino del Derecho Administrativo: Bujedo pretende engañar a la ciudadanía aplicando tecnicismos sucesorios al régimen de Ética Pública. El Art. 6 de la Ley Provincial Nº 5350 y las normas de transparencia del Estado no exigen una libreta roja de casamiento; prohíben taxativamente la intervención de cualquier auxiliar cuando existe interés directo, comunidad de vida, afecto evidente o beneficio económico para el entorno conviviente.
Doble vara: Para los comerciantes locales, la furia de la denuncia penal; para quien convive y comparte la economía del hogar con su hermana, el blindaje absoluto y el silencio cómplice en el informe. ¿Puede seguir asesorando a los representantes del pueblo un letrado que desconoce los deberes básicos de excusación e integridad pública?
De “opinión inofensiva” a fiscal militante: La confesión Ultra Vires
En su intento por minimizar el escándalo, Bujedo incurrió en una contradicción grotesca que termina de sellar su extralimitación de funciones (ultra vires):
En el inicio de su descargo, intentó desinflar la gravedad de su dictamen afirmando que “es un acto preparatorio, técnico y no vinculante… en términos sencillos, no es obligatorio, es una opinión que no obliga a nadie”.
Sin embargo, apenas dos carillas después, despojado de toda neutralidad profesional, anunció en tono de cruzada que él personalmente concurrirá a la Fiscalía de Instrucción a presentar la denuncia penal y los expedientes.
¿En qué quedamos? Si es una modesta opinión técnica que no obliga a nadie, ¿por qué el asesor del Concejo asume facultades de fiscal acusador y va en persona a los Tribunales? La respuesta es obvia: Bujedo confesó que no actúa como un asesor técnico imparcial, sino como el brazo ejecutor de una opereta judicial montada desde el riñón de la Presidencia del Concejo. El marco legal de su cargo (Decreto DEM 0423/20) le prohíbe terminantemente arrogarse el rol de auditor, denunciante particular o calificador penal.
Parcialidad manifiesta y ataque a la prensa: El libreto del desvío
Incapaz de justificar por qué en la foja 9 de su dictamen le amputó una cifra a la compensación formal del Municipio —anotando $5,7 millones en lugar de los $57,4 millones reales para inventar un agujero de más de $51 millones—, Bujedo apeló al manual de la chicana barata:
Intentó descalificar a los denunciantes tildándolos de “vecinos de Pilar”, como si las fronteras comunales taparan los delitos administrativos o eximieran de rendir cuentas sobre los fondos de Río Segundo.
Atacó a la labor periodística de este medio acusándolo de “maniobra distractiva”, mientras evita pronunciarse sobre los expedientes que investigan a su socio político, Ricardo Granja, por los $7,5 millones no rendidos, transferencias directas a cuentas personales y consumos de fines de semana durante el interinato que ambos compartieron en el Ejecutivo.
Un funcionario insostenible: El Concejo debe votar su remoción
La publicación de Bujedo no fue una defensa técnica: fue la confirmación escrita de su parcialidad, su incapacidad jurídica y su desapego por las normas éticas más elementales del Estado.
Un asesor que admite públicamente haber encubierto contrataciones de la pareja de su hermana, que falsea compensaciones millonarias entre dependencias públicas, que asume roles judiciales que la ley le veda y que utiliza los recursos del Concejo Deliberante para dirimir rencores políticos personales, no puede permanecer ni un minuto más en su cargo público.
El cuerpo legislativo no tiene margen para seguir mirando hacia el costado: el apartamiento inmediato de Roberto Bujedo ya no es una opción reglamentaria, sino una urgencia moral e institucional para salvar la poca credibilidad que le queda al recinto.
