Piden apartar al asesor Roberto Bujedo por falsear datos y los concejales quedan obligados a rehacer el dictamen del SerMAS
El Concejo Deliberante de Río Segundo quedó envuelto en una crisis institucional sin precedentes tras el formal ingreso de un pedido de apartamiento inmediato, nulidad de actuaciones y remoción contra el Asesor Parlamentario, Dr. Roberto Bujedo. El escrito, sustentado en la documentación oficial de la entrega administrativa de mayo, dejó al descubierto que el “Dictamen Técnico-Jurídico” que sirvió de base para el Despacho 002/26 de la Comisión Especial Investigadora no fue una fiscalización técnica, sino una falacia armada a medida.
Frente a esta situación, la pelota quedó en el terreno de los concejales Rodrigo Correa, Marcela Bugedo y Fernanda Zárate: quedaron jurídicamente obligados a dar marcha atrás y rearmar desde cero su dictamen, dado que insistir en convalidar o girar a la Fiscalía de Instrucción un despacho sustentado en falsedades manifiestas acarreará la nulidad de pleno derecho de todo lo actuado y comprometerá su responsabilidad personal directa por mal desempeño.
En el ámbito legislativo es evidente la naturaleza de la maniobra: el dictamen de Bujedo constituyó un libreto coordinado en conjunto con el actual presidente del Cuerpo, Dr. Ricardo Granja —con quien compartió funciones en el Ejecutivo durante el reciente interinato—, para fabricar acusaciones sobre un traspaso institucional transparente.
Las mentiras de Bujedo que derrumban el dictamen
El cotejo de las actas oficiales de entrega firmadas ante la Secretaría de Hacienda el 14 de mayo con el texto de Bujedo desnudó las maniobras que vician todo lo actuado:
1. La mentira de los “$89 millones en vales”:
Bujedo acusó un retiro irregular y sistemático de dinero público por más de $89.000.000. La verdad: El 64,5% ($57.440.729,10) correspondía a una compensación contable formal entre el SerMAS y la propia Municipalidad de Río Segundo, sin retiro de fondos hacia particulares.
2. La falsificación de las cifras ($51,7 millones borrados en el papel):
Para disimular esa compensación municipal, en la foja 9 de su escrito el asesor le amputó una cifra al renglón oficial y anotó $5.740.729,10. Restó exactamente $51.700.000,00 para inflar artificialmente el número del supuesto desfalco y alimentar el texto acusatorio que la Comisión copió en su despacho.
3. El encubrimiento de su cuñado:
Bujedo cuestionó a diversos comercios de la ciudad pidiendo denuncias penales, pero omitió y borró de su análisis las facturas y pagos al proveedor Rubén Boyero, quien está casado con su propia hermana. Omitió de manera deliberada la obligación legal de excusarse (Art. 6, Ley 5350) para proteger el interés comercial de su entorno directo.
4. La falacia de los cheques retenidos:
Se acusó la retención indebida de más de $55.000.000 en cheques. La verdad: Más de $45 millones eran cheques diferidos librados por la propia Municipalidad contra el Banco Nación como pago de servicios, con vencimientos escalonados entre junio y agosto, los cuales fueron inventariados y entregados formalmente en mano a la Secretaría de Hacienda el 14 de mayo.
5. El auto-indulto de la transición:
Granja y Bujedo condujeron el Ejecutivo municipal durante todo el interinato: custodiaron las actas desde mayo y gestionaron las prórrogas legislativas fijadas en la Ordenanza N.º 2847. Hoy, el asesor redacta un informe a pedido de Granja donde juzga los plazos de esa misma transición, eximiéndose a sí mismos de responsabilidades para apuntar contra terceros.
Un despacho viciado que debe volver a comisión
A estas distorsiones materiales se añade un vicio insubsanable de origen: Bujedo carecía de facultades legales para actuar como auditor contable o calificar delitos penales (ultra vires). Las normas de designación del cargo circunscriben su labor a la técnica parlamentaria no vinculante, siendo competencia privativa del Tribunal de Cuentas la auditoría patrimonial y de los concejales la labor investigadora (Arts. 30 inc. 16 y 84, Ley 8102).
Habiéndose acreditado que el Despacho N.º 002/26 fue calcado de un informe viciado por incompatibilidad moral, supresión de datos de familiares directos y manipulación de cifras, los miembros de la Comisión Especial Investigadora carecen de sustento ético y legal para sostenerlo. Avanzar con la remisión penal del expediente sobre una falacia coordinada entre Bujedo y Granja expondría a los concejales firmantes a una directa complicidad administrativa.
