EL RELATO VS. LA REALIDAD: EL GOBIERNO BUSCA CAMBIAR LA LEY DE DISCAPACIDAD EN MEDIO DE RECORTES RÉCORD
El Gobierno Nacional, encabezado por Javier Milei, envió al Congreso un proyecto para modificar la Ley Nacional de Discapacidad (22.431). Bajo la premisa de “modernizar y agilizar” los trámites, la iniciativa busca centralizar los certificados (CUD) y desregular ciertos servicios de asistencia. Sin embargo, el anuncio fue recibido con una ola de críticas por parte de organizaciones civiles, especialistas y figuras públicas, quienes denuncian que se trata de una maniobra para ocultar el sistemático incumplimiento de las leyes actuales y el desfinanciamiento de programas vitales.
La preocupación central radica en la brecha entre el texto del nuevo proyecto y la realidad territorial. Mientras el Ejecutivo propone “nuevos paradigmas”, programas como Incluir Salud atraviesan una parálisis casi total debido a la falta de giro de fondos para el transporte especializado y las terapias de rehabilitación.
El incumplimiento como política de Estado
Especialistas en derecho a la salud advierten que el Gobierno está incumpliendo el marco normativo vigente, especialmente en lo que respecta a la actualización de aranceles para prestadores y el pago a los servicios de traslado de pacientes, que hoy operan con déficits que amenazan con el cese total del servicio.
“Es cínico proponer una nueva ley cuando no se cumple la que ya tenemos. No están garantizando el acceso básico a la salud y a la movilidad de las personas con discapacidad”, señalaron desde el Foro de Promoción de Derechos de Personas con Discapacidad. La situación es crítica: se estima que la deuda con los transportistas y centros de día ya supera niveles históricos, dejando a miles de familias a la deriva.
Voces críticas y repercusión social
Famosos y activistas no tardaron en reaccionar. Figuras que vienen siguiendo la problemática denunciaron que el proyecto “licúa” la responsabilidad del Estado en la cobertura de insumos y medicamentos de alto costo. “Hablar de modernización cuando le cortan la leche y el transporte a un nene que necesita ir a terapia es una falta de respeto”, expresaron referentes del sector en redes sociales.
La desregulación que plantea el proyecto de Milei también es vista como una amenaza a la estabilidad de las obras sociales y las prepagas, que bajo este nuevo marco podrían reducir prestaciones básicas que hoy son obligatorias por ley. Mientras el debate se traslada al Congreso, en las calles la tensión crece: los prestadores y familias prometen nuevas movilizaciones para exigir que, antes de discutir una ley nueva, el Gobierno pague lo que debe y cumpla con la ley vigente.