ESCÁNDALO NACIONAL: EN PLENA INVESTIGACIÓN POR ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO, ADORNI BUSCA REFUGIO EN UN BENEFICIO FISCAL
El escenario político y judicial que rodea a las máximas autoridades del Gobierno nacional sumó un capítulo de altísima tensión e inusitada polémica. El jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, y su esposa, Bettina Angeletti, concretaron en los últimos días su ingreso formal al Régimen Simplificado de Ganancias ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). La maniobra impositiva, confirmada por registros administrativos del fisco, se produce en un momento de extrema debilidad para el funcionario, quien es investigado penalmente por los tribunales federales debido a inconsistencias y a un presunto e injustificado incremento de su patrimonio.
La polémica adhesión al beneficio contemplado en la Ley 27.799 despertó inmediatas sospechas en Comodoro Py, debido a las ventajas técnicas que podría otorgar al matrimonio bajo el denominado “tapón fiscal”. De ser aceptados por ARCA, este mecanismo bloquearía legalmente la capacidad del fisco para revisar y auditar las declaraciones y los movimientos patrimoniales de los períodos fiscales anteriores, blindando específicamente el año base 2025 y los ejercicios de 2022, 2023 y 2024. Se trata, precisamente, de la ventana temporal en la que la Justicia detectó las mayores desproporciones e inconsistencias en los bienes del jefe de ministros. Desde el entorno de Adorni salieron apresuradamente a desmentir un intento de “blanqueo”, asegurando que el trámite solo busca ganar “tiempo operativo” y adelantando que su nueva declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción será presentada de forma inminente.
A pesar de los intentos oficiales por desvincular el trámite ante ARCA de un salvataje fiscal, la situación de Manuel Adorni en los pasillos de Retiro se torna cada vez más asfixiante. La causa por presunto enriquecimiento ilícito, en manos del juez Ariel Lijo y del fiscal federal Gerardo Pollicita, aguarda los resultados de un informe técnico clave encomendado a la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI). Las pericias contables cruzan de manera exhaustiva los ingresos, deudas y gastos corrientes del funcionario, con el objetivo de determinar fehacientemente de qué manera el matrimonio adquirió y remodeló dos propiedades de lujo: un semipiso en el barrio porteño de Caballito y una lujosa propiedad de country en Exaltación de la Cruz, todo ello sin desprenderse de sus bienes anteriores, con un supuesto respaldo en criptomonedas y arrastrando una deuda de 335.000 dólares con distintos acreedores.
Para complicar aún más su situación procesal, la pesquisa judicial avanza sobre un segundo expediente que investiga los presuntos delitos de dádivas y negociaciones incompatibles con la función pública. En esta causa, la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado analiza el entrecruzamiento de llamadas y comunicaciones que ligan al jefe de Gabinete con el periodista Marcelo Grandio y la productora ImHouse. El foco está puesto sobre el viaje que Adorni, su esposa y sus dos hijos realizaron en avión privado a Punta del Este durante el feriado de Carnaval, cuyos pasajes, valuados en 7.830 dólares, fueron costeados por los empresarios investigados. Los peritajes financieros de la DAFI estarían culminados entre fines de junio y las primeras semanas de julio, dejando al fiscal Pollicita a las puertas de exigir un requerimiento formal de justificación patrimonial, paso previo e ineludible a una citación a declaración indagatoria.
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