Frente a las revelaciones sobre decenas de familiares e allegados contratados en los tres niveles del Estado, el senador nacional Luis Juez optó por las amenazas judiciales y descalificaciones hacia la prensa en redes sociales, evitando desmentir o justificar la legión de nombramientos que le cuestan al erario público más de 50 millones de pesos mensuales.

​El discurso de la austeridad y el combate a las arbitrariedades de la gestión pública vuelve a chocar de frente con la realidad patrimonial y administrativa del senador nacional por Córdoba, Luis Juez. Tras hacerse pública la extensa nómina de familiares directos, colaboradores e integrantes de su entorno político cobrando abultados sueldos en estamentos municipales, provinciales y nacionales, el legislador reaccionó en la red social X calificando de “mugre” las publicaciones y amenazando con llevar a los periodistas a los tribunales.

​Sin embargo, en medio del exabrupto en redes sociales, el senador obvió un detalle central: en ningún momento desmintió la veracidad de las contrataciones ni explicó los criterios técnicos o de idoneidad que justifican la designación de su círculo íntimo en la función pública.

​La legión de familiares en las planillas del Estado

​Las investigaciones documentadas exponen un entramado de designaciones que abarca los tres poderes y niveles del Estado, extendiéndose durante más de dos décadas de carrera política:

  • ​María Agustina Juez Corte (Hija): Nombrada en mayo de 2018 en el Consejo de la Magistratura de la Nación (organismo que hoy su propio padre integra). A pesar de que la sede central funciona en CABA, la hija del senador fija domicilio en la ciudad de Córdoba —en el ex inmueble familiar y actual sede del partido juecista— sin que las autoridades del organismo hayan podido precisar qué funciones cumple o si asiste a una oficina concreta.
  • ​Martín Juez Corte (Hijo): Actual concejal de la ciudad de Córdoba, tras su paso por la Justicia Federal.
  • ​Daniel Juez (Hermano mellizo): Actual legislador provincial, con paso previo por el ERSEP.
  • ​Ezequiel Andrada (Yerno): Contratado en el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Córdoba.
  • ​María Lourdes Alcaráz Juez (Sobrina): Empleada en el Tribunal de Cuentas de la Provincia.
  • ​Marcela y Marta Juez (Hermanas): Nombradas en los ministerios de Educación y Salud de la Provincia de Córdoba, respectivamente.
  • ​Pedro Alcaraz y Claudio Sucheki (Cuñados): Cargos asignados en el Ministerio de Educación, el Senado de la Nación y el organismo recaudador ARCA.
  • ​Graciela Saieg y Florencia (Cuñadas): Cargos en el Ministerio de Educación y la Legislatura Cordobesa.

​A esta estructura familiar se suman casos polémicos como el de Laura Inés Lotitto, quien se desempeñaba como moza en el comedor del Senado de la Nación y en 2025 fue promovida por Juez a la categoría A3 como “asesora” con sueldos millonarios, o el antecedente de su sobrino Lucas Juez, ex funcionario en el Ministerio de Defensa y el Consejo de la Magistratura hasta su detención en un procedimiento policial.

​Un costo millonario para los contribuyentes

​El contraste entre el alineamiento público del senador con las políticas de recorte estatal e hiper-austeridad y su estructura privada de colaboradores resulta alarmante. Solamente en la Cámara de Senadores de la Nación, Juez mantiene una estructura de despacho que supera los 31 millones de pesos mensuales en sueldos de asesores (repartidos en categorías de alta jerarquía como A1 y A2), a lo que se suman sus ingresos como consejero en la Magistratura, su dieta parlamentaria y gastos en pasajes aéreos pagados por el Estado.

​Al contabilizar las dietas y sueldos directos de sus familiares en cargos electos y designaciones directas en la Provincia de Córdoba, el Municipio y la Nación, el costo operativo del denominado “clan Juez” supera de bolsillo los 50 a 60 millones de pesos mensuales, sin incluir cargas sociales ni aportes previsionales.

​De la herencia de los 7.000 nombrados a las amenazas al periodismo

​El recurso de calificar al periodismo de “impune” contrasta con el historial administrativo del propio Juez. Durante su gestión como intendente de Córdoba (2003-2007), el dirigente incorporó a la planta permanente municipal a más de 7.000 empleados, condicionando severamente las finanzas de la Capital por décadas.

​Hoy, ante la difusión de datos oficiales y documentos fehacientes sobre la nómina de familiares que viven del presupuesto público, la respuesta no fue la rendición de cuentas ni la transparencia, sino la intimidación judicial hacia la prensa que investiga la verdadera trastienda de la política cordobesa.

​(Fuente: Informe periodístico de investigación / Jornada Política)