Un masivo procedimiento policial y judicial en la localidad de Toledo permitió el rescate de 104 perros alojados en jaulas y sometidos a malos tratos. En conjunto con un operativo en Córdoba Capital, la cifra de animales puestos a resguardo asciende a 146.
En el marco de una causa penal por presuntos actos de crueldad y malos tratos contra los animales, personal de la Unidad Territorial Integrada 14 llevó adelante un contundente allanamiento en la localidad de Toledo, departamento Río Segundo. En el lugar, las fuerzas de seguridad e inspectores rescataron 104 perros de las razas Pug Carlino y Bulldog Francés que se encontraban hacinados en jaulas.
El procedimiento en Toledo formó parte de un operativo coordinado que incluyó de manera simultánea el allanamiento de otro criadero en barrio Los Boulevares, en Córdoba Capital, donde se secuestraron 42 ejemplares de razas como Bulldog Inglés, Shih Tzu, Chihuahua y Pug Carlino, alcanzando un total de 146 animales rescatados entre ambas locaciones.
Peritajes de Policía Judicial e imputaciones
Durante la inspección en el establecimiento de Toledo, intervinieron veterinarios pertenecientes a la Policía Judicial de Córdoba, quienes evaluaron el estado sanitario de los animales y determinaron la existencia de indicadores compatibles con “maltrato animal”. Ante el diagnóstico profesional, la Justicia ordenó el secuestro preventivo e inmediato de la totalidad de los canes.
A raíz de los hallazgos en ambas propiedades, la Justicia dispuso la imputación de dos personas mayores de edad. Las actuaciones penales preparatorias se tramitan provisoriamente bajo la carátula de “malos tratos y actos de crueldad contra animales”, en los términos del artículo 45 del Código Penal y el artículo 1 de la Ley Nacional 14.346 (conocida como Ley Sarmiento).
Custodia judicial y recuperación de las mascotas
Tras la finalización de las medidas de prueba, los 146 perros fueron entregados bajo la figura de depositario judicial a los integrantes de la Asociación Civil Hocicos Felices Córdoba Capital, entidad proteccionista que impulsó la denuncia penal que dio origen a las investigaciones.
La organización civil quedó a cargo del resguardo, la atención veterinaria de urgencia y el cuidado temporal de los ejemplares mientras la investigación judicial avanza y se resuelven las sanciones correspondientes para los responsables.
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