Polémica en Oliva: aprueban un subsidio millonario para un empleado imputado por homicidio
Una decisión del Ejecutivo municipal de Oliva generó fuerte repercusión política y social en los últimos días. A través del Decreto N° 361/2025, el intendente José Octavio Ibarra autorizó el pago de un subsidio no reintegrable de $1.500.000 a favor de un empleado municipal imputado en una causa penal por homicidio.
El beneficio fue otorgado a Juan Carlos Ramón Cuello, agente de la planta municipal, y se justifica oficialmente como una “colaboración económica” destinada a afrontar los gastos de su defensa judicial.
El decreto, fechado el 30 de diciembre de 2025, señala en sus considerandos que el municipio busca asistir económicamente al trabajador ante el proceso penal que atraviesa. Sin embargo, la medida despertó cuestionamientos debido a la gravedad de la causa en la que se encuentra imputado.
La causa judicial
Cuello fue imputado el 11 de noviembre por la Fiscalía de Oliva como presunto autor de homicidio culposo agravado, en una investigación que intenta esclarecer la muerte de Deolindo Gómez, un hombre en situación de calle.
Según la acusación, el hecho ocurrió en el basural municipal, donde Cuello se encontraba operando una pala mecánica. El cuerpo de Gómez fue hallado el 31 de mayo, entre montículos de residuos, y la hipótesis judicial sostiene que habría sido aplastado accidentalmente durante las tareas en el predio.
Repercusiones
La autorización de fondos públicos para la defensa de un agente imputado por un delito de esta magnitud generó sorpresa y malestar en distintos sectores de la comunidad, abriendo un debate sobre el uso de recursos municipales, la responsabilidad institucional y los límites de la asistencia estatal en causas penales de alto impacto social.