A través de la letra chica del proyecto de ley enviado al Congreso, la gestión de Javier Milei deroga conquistas históricas: castiga la inserción laboral formal quitando beneficios de inmediato, destruye el Certificado Único como garantía de acceso y desarma el nomenclador único federal para habilitar el recorte de aranceles médicos.
Lejos de cualquier discurso de contención a los sectores más postergados, el proyecto de ley de Presupuesto Nacional 2027 enviado por el presidente Javier Milei al Congreso de la Nación desnudó una nueva y brutal embestida contra las personas con discapacidad. Valiéndose de un cuestionado mecanismo legislativo —utilizar una ley presupuestaria para derogar y modificar leyes de fondo—, el Ejecutivo libertario apunta a recortar el gasto público desmantelando garantías consagradas por tratados internacionales y leyes de emergencia vigentes.
La iniciativa gubernamental redefine de raíz las condiciones de subsistencia de cientos de miles de familias, reemplazando el enfoque de derechos humanos por una lógica netamente fiscalista y de desamparo estatal.
Castigo a la inclusión: trabajar en blanco extingue la pensión
Uno de los puntos más regresivos del texto impulsado por Milei se encuentra en el artículo 37. La normativa hasta ahora vigente permitía que una persona con discapacidad pudiera acceder a un empleo registrado o inscribirse en el monotributo sin perder su cobertura, fomentando la autonomía y la inserción laboral formal.
El proyecto del Ejecutivo invierte esa lógica y castiga directamente el trabajo: cualquier alta laboral registrada —incluso por pocas horas semanales— o inscripción tributaria significará la baja automática e inmediata de la pensión. Para agravar aún más la situación, el Gobierno borró de un plumazo la rehabilitación inmediata del beneficio en caso de perder el empleo, condenando a quienes intenten progresar a la informalidad o a la pérdida de su único sostén.
Fin del CUD y regreso al concepto de “invalidez”
En los artículos 36 y 40, la gestión de Milei le asesta un golpe letal al Certificado Único de Discapacidad (CUD). Hasta el momento, contar con el CUD habilitaba legalmente el trámite para acceder a la pensión no contributiva. Con la nueva reforma, el CUD deja de ser una vía directa y el Congreso pierde la potestad de fijar los requisitos, que pasarán a depender exclusivamente de la discrecionalidad de decretos del propio Poder Ejecutivo.
En paralelo, el proyecto retrotrae la legislación décadas atrás: abandona el modelo social de la discapacidad para reinstaurar el arcaico criterio médico de “invalidez laboral”, desoyendo las directivas de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Desarme del sistema de salud y precarización de prestaciones
El ajuste libertario impacta también de lleno en la atención médica y terapéutica (artículos 39 y 41). El proyecto elimina el Nomenclador Único de Prestaciones Básicas, el cual aseguraba que los tratamientos tuvieran valores homogéneos en todo el territorio nacional.
Al descentralizar los aranceles, cada obra social, prepaga y provincia podrá negociar aranceles a la baja, fragmentando el sistema y condenando a las regiones con menos recursos al vaciamiento prestacional. Asimismo, el Gobierno licúa las actualizaciones para el Estado nacional: elimina la movilidad mensual para pasar a un esquema trimestral y suprime los estudios anuales de costos reales, completando un esquema de asfixia que deja desprotegidos a miles de pacientes y prestadores en todo el país.
(Fuente: Redacción Ruta 9 Noticias)
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