La Cámara de Acusación ratificó la investigación de la Fiscalía de Cibercrimen contra el exasesor letrado itinerante. Enfrentará cargos por abuso sexual calificado, tenencia y producción de material de abuso infantil tras haber ocultado cámaras en los sanitarios de las sedes de Río Segundo y Jesús María. Continuará bajo prisión domiciliaria con tobillera electrónica.
La Cámara de Acusación de Córdoba resolvió de manera contundente confirmar la elevación a juicio de la causa penal que se sigue contra el exasesor letrado del Poder Judicial, Ginés Martín Jodar, imputado por colocar dispositivos de filmación ocultos en los sanitarios de mujeres de las sedes judiciales de Río Segundo y Jesús María.
Al rechazar los planteos centrales de la defensa, el tribunal de alzada convalidó la acusación llevada adelante por la Fiscalía de Instrucción Especializada en Cibercrimen, encabezada por Franco Pilnik, la cual ya había sido ratificada en primera instancia por el Juzgado de Control y Faltas N.° 3.
Grave catálogo delictivo y doctrina judicial
A partir de esta resolución, Jodar deberá sentarse en el banquillo de los acusados durante un juicio oral para responder por:
17 hechos de abuso sexual simple.
Dos hechos de abuso sexual en concurso con lesiones graves, agravadas por haber mediado violencia de género.
Tenencia de material de abuso sexual de niñas, niños y adolescentes, calificada por involucrar a víctimas menores de 13 años.
Producción de material de abuso sexual infantil.
Uno de los principales argumentos esgrimidos por los defensores del exfuncionario radicaba en que no podía configurarse el delito de abuso sexual al no haber mediado contacto físico directo con las damnificadas. Sin embargo, la Cámara desestimó esa tesitura apoyándose en la jurisprudencia sentada por el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba en el precedente “Carignano”, donde se ratificó que la vulneración de la intimidad corporal mediante dispositivos ópticos clandestinos atenta directamente contra la integridad sexual.
Únicamente se concedió una apelación parcial en favor del imputado respecto al cargo de “violación de domicilio”, al considerar los magistrados que la figura exige una irrupción física material y no visual o remota.
Secuelas psicológicas y reclamo laboral
El proceso penal puso al descubierto el hallazgo originado a mediados de 2023, cuando personal del servicio de maestranza encontró una microcámara camuflada debajo de las bachas del sanitario femenino en el edificio judicial de Río Segundo, maniobra que luego se constató que también se repetía en dependencias de Jesús María.
Los peritajes interdisciplinarios determinaron que al menos dos de las trabajadoras judiciales sufrieron cuadros de estrés postraumático crónico, crisis de pánico, cuadros depresivos y trastornos de ansiedad severos derivados de la intromisión en su privacidad íntima. Pese a que se había dispuesto como tutela una licencia laboral extraordinaria de un mes para las agentes afectadas, las propias víctimas señalaron que dicha medida reparatoria todavía no fue materializada de manera efectiva por la administración judicial.
Arresto domiciliario con tobillera
Jodar, quien se encontraba bajo detención ininterrumpida desde diciembre de 2023, mantendrá la medida de prisión preventiva, aunque la Cámara morigeró las condiciones de encierro: continuará el proceso en su domicilio, sujeto a monitoreo electrónico por tobillera satelital y con prohibición estricta de acercamiento o contacto, directo o indirecto, con las víctimas y con los peritos del proceso.
Con el auto de elevación firme, la Oficina Judicial deberá sortear la Cámara del Crimen que fijará fecha de debate para sustanciar el juicio público en los próximos meses.
(Fuente: Redacción Ruta 9 Noticias / Poder Judicial de Córdoba)
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