Entidades de derechos humanos y colectivos de personas con discapacidad de todo el país —entre ellos la Mesa de Córdoba— enviaron una terminante carta a los diputados nacionales. Denuncian que el Poder Ejecutivo persiste en una política deliberada de ajuste y vaciamiento, incumple mandatos judiciales de la Ley 27.793 y busca imponer un régimen permanente que vulnera garantías y delega facultades al presidente sin consulta previa.
A través de un durísimo documento elevado a la Cámara de Diputados de la Nación, las principales organizaciones no gubernamentales, redes jurídicas y colectivos que defienden los derechos de las personas con discapacidad en la Argentina lanzaron una frontal acusación contra el Gobierno nacional. El reclamo denuncia una política de “desfinanciamiento estructural deliberado” y rechaza de plano el dictamen de mayoría impuesto por el oficialismo para enterrar la prórroga de la Ley de Emergencia N.° 27.793.
El documento —firmado por la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), la Federación Argentina de Ciegos y Amblíopes (FAICA), la Mesa de Trabajo en Discapacidad y Derechos Humanos de Córdoba, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), entre otras— califica el accionar del Poder Ejecutivo como “manifiestamente inconstitucional e inconvencional”.
Incumplimiento de fallos judiciales y vaciamiento planificado
Lejos de justificar la crisis en restricciones fiscales, las entidades apuntaron directamente contra la voluntad política de la Casa Rosada: “La crisis actual del sistema no responde a una falta de recursos económicos, sino a una fijación deliberada de prioridades políticas y presupuestarias que atenta directamente contra la calidad de vida y la supervivencia de los sectores más desprotegidos”.
Asimismo, desnudaron la paradoja institucional que atraviesa el sector: “Llegamos a la paradoja de debatir la prórroga de una norma que jamás se cumplió, a pesar de haber agotado las instancias constitucionales para su plena efectividad, incluidas órdenes expresas del Poder Judicial que el Ejecutivo decide desoír”.
El “engaño” de la ley permanente: recorte y delegación al Ejecutivo
El epicentro del repudio legislativo se concentra en el dictamen aprobado en las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto y Hacienda para imponer el proyecto oficialista bautizado como “Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad”.
Para las organizaciones, esta iniciativa rotulada por el Gobierno como “superadora” no es más que una maniobra para clausurar el debate de la emergencia vigente y aplicar un ajuste encubierto:
Exclusión y secretismo: Se omitió por completo la consulta a personas con discapacidad y organizaciones en los plenarios del Congreso, violando el artículo 4.3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), tratado con rango constitucional en el país.
Pérdida de derechos garantizados: Advierten que el texto genera alarma por posibles retrocesos en las coberturas actuales y por delegar aspectos sustantivos de las prestaciones en la reglamentación arbitraria del Poder Ejecutivo.
Mecanismo extorsivo: “No aceptamos que la incorporación de algunas medidas necesarias sea utilizada para condicionar la aceptación de otras que impliquen una reducción de derechos”, sentenciaron.
Bajo la histórica consigna “Nada sobre nosotros sin nosotros”, las organizaciones exigieron a los legisladores frenar la avanzada oficialista, ratificar la prórroga de la Ley de Emergencia y obligar al Gobierno nacional a liquidar de inmediato los fondos y compensaciones adeudados para garantizar el funcionamiento básico del sistema.
(Fuente: Documento oficial remitido a la H. Cámara de Diputados / Redacción Ruta 9 Noticias)
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