Nueva documentación clave a la Fiscalía de Instrucción de Río Segundo que complica aún más al actual presidente del Concejo Deliberante: recibos provisorios, vales de caja de puño y letra y retiros de dinero en efectivo por $ 4.256.000 sin imputación formal durante su gobierno interino. Se suman a los $2.000.000 que se autotransfirió y a los consumos de fin de semana con la tarjeta corporativa.
El avance de la causa penal que se tramita en los Tribunales de Río Segundo contra el Dr. Ricardo Granja por supuestos delitos de malversación de caudales públicos y peculado sumó en las últimas horas un capítulo de extrema gravedad. Nuevos legajos documentales aportados ante la fiscalía revelan que el propio Granja administró una caja discrecional de dinero en efectivo mediante el uso de vales físicos informales durante su gestión al frente del Ejecutivo municipal.
La documentación arrimada por fuentes reservadas que siguen el pulso de las actuaciones judiciales acredita que durante el período en el que Granja ejerció la intendencia interina —acompañado por Roberto Bujedo como Coordinador Legal y Técnica— se naturalizó un circuito paralelo de egresos de caja sin las formalidades exigidas por la Ley Orgánica Municipal Nº 8102 ni intervención previa del Tribunal de Cuentas.
La prueba documental: los vales físicos bajo la lupa penal
Los nuevos elementos incorporados al expediente judicial desbaratan cualquier relato de transparencia e institucionalidad:
Vales de caja y recibos provisorios: Las pruebas agregadas dan cuenta de decenas de constancias precarias y “vales” en papel firmados de puño y letra, utilizados como justificativo momentáneo para retirar sumas constantes de dinero en efectivo desde las cajas de recaudación municipal.
Gastos corrientes sin respaldo de factura: Fondos retirados bajo el concepto de “adelantos”, “gastos operativos urgentes” o simples retiros de mano en mano que carecen de la posterior rendición documentada, factura oficial o expediente de compra que justifique el destino comunitario del dinero público.
Un circuito informal admitido: Lejos de la rigurosidad presupuestaria que se exige a cualquier administración pública, el manejo de estos vales físicos funcionó como un mecanismo de disposición directa de efectivo, sorteando los controles de Tesorería y de los órganos de fiscalización.
La contradicción ética y política resulta flagrante: quien hoy intenta en sus redes victimizarse fue quien implementó y toleró el retiro de dinero en mano a través de papelitos informales mientras estuvo en el sillón de la Intendencia.
El patrón de conducta: la trilogía de los fondos públicos bajo sospecha
La aparición de estos vales físicos no es un hecho aislado, sino que termina de cerrar el círculo sobre un paquete de maniobras que ya acumula pruebas irrefutables en la Justicia penal:
1. Las tres autotransferencias bancarias directas ($2.000.000):
Consta en la compulsa de Bancor que entre junio y julio de 2026 salieron tres transferencias desde la cuenta corriente oficial de la Municipalidad directamente a la cuenta personal de Ricardo Granja bajo el rótulo “Varios”. El propio intendente interino utilizó el dispositivo de seguridad (Token) asignado a su despacho, actuando como emisor del erario comunal y beneficiario final del dinero en su patrimonio privado sin decreto ni liquidación respaldatoria.
2. Los consumos de fin de semana con la tarjeta corporativa ($4.300.000):
Los resúmenes oficiales de la tarjeta corporativa del Banco de Córdoba acreditan gastos millonarios en restaurantes, bares, cervecerías y centros comerciales durante días sábados y domingos fuera de la localidad. Desembolsos personales que los vecinos pagaron con sus tributos sin la presentación de tickets o facturas con CUIT institucional.
3. El circuito de vales de efectivo:
La reciente incorporación de los recibos provisorios y vales físicos confirma el uso sistemático de fondos líquidos sin control preventivo.
Una maniobra que ya no resiste el archivo
El panorama judicial y político de Ricardo Granja ingresa en un punto de quiebre. Los reiterados intentos de instalar denuncias mediáticas y forzar dictámenes parlamentarios a través de asesores afines no lograron frenar el curso de la causa penal que se sustancia en los Tribunales locales.
Frente a la contundencia de las pruebas documentales que siguen ingresando a la fiscalía —desde transferencias a cuentas privadas y resúmenes de tarjetas de crédito hasta los comprometedores vales físicos de caja—, el presidente del Concejo Deliberante deberá responder ante los estrados judiciales por el destino real de los recursos públicos durante su paso por el Departamento Ejecutivo.
