Un informe elaborado por el Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba advirtió sobre la delicada situación que atraviesa el sistema de atención y apoyos para personas con discapacidad en el territorio provincial. Según el diagnóstico técnico, la estructura prestacional se mantiene en pie primordialmente por el sobreesfuerzo económico, físico y mental que absorben los usuarios, sus grupos familiares, los profesionales y las instituciones ante las demoras arancelarias, trabas burocráticas y el retiro de la regulación estatal.
El estudio titulado «Crisis del Sistema de Prestaciones y Apoyos para Personas con Discapacidad» sistematizó un relevamiento de campo a partir de entrevistas directas a beneficiarios, familiares, transportistas, terapeutas y directivos de instituciones prestadoras.
Las conclusiones del organismo extrapolan una metáfora lúdica para reflejar el desgaste estructural:
«Las acciones y omisiones estatales, los atrasos arancelarios y las trabas burocráticas van retirando piezas clave de la estructura, desestabilizándola progresivamente».
El documento subraya que, si el esquema no colapsó por completo, no responde a la solidez de las garantías públicas vigentes, sino a que son los propios pacientes, cuidadores y equipos profesionales quienes amortiguan las fallas del engranaje con un impacto directo en su salud psicofísica y en la economía de sus hogares.
La brecha de la cobertura social y la pérdida de alcance del CUD
Entre las instituciones del sector se remarca el desfinanciamiento constante, el atraso en los valores del nomenclador único, la carga fiscal y la falta de regulación sobre las obras sociales y entidades gerenciadoras. Por su parte, los usuarios señalan el colapso de turnos médicos, demoras de hasta un año en pagos a prestadores, parálisis en el transporte especializado y demoras en las pensiones.
Asimismo, el informe de la Defensoría hace foco en la asimetría que divide a quienes cuentan con cobertura médica (obra social, prepaga o programa estatal) de aquellos que carecen de ella. Para este último segmento, el Certificado Único de Discapacidad (CUD) se diluye en su efectividad práctica:
«En lugar de actuar como el instrumento que habilita la cobertura prestacional, queda reducido a un requisito administrativo incapaz tanto de equiparar las condiciones de acceso como de garantizar la continuidad de las terapias».
Este escenario de disparidad también repercute en el plano de la educación inclusiva, donde la intervención de los Docentes de Apoyo a la Inclusión (DAI) suele manifestarse de modo insuficiente o discontinuo. Ante esto, el organismo instó a diseñar políticas públicas orientadas a las zonas grises del sistema, poniendo especial énfasis en las dificultades del interior cordobés, donde la dispersión geográfica profundiza la fragilidad de los tratamientos.
(Fuente: La Nueva Mañana / Defensor del Pueblo de Córdoba / Redacción Ruta 9 Noticias)
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