El Bloque de Hacemos Unidos por Córdoba presentó un proyecto de resolución para revocar su designación por «pérdida de confianza institucional». Argumentan graves deficiencias de fundamentación jurídica en los dictámenes de SerMAS, invocación errónea de normativas y el impacto directo que su asesoramiento causó en la Comisión Investigadora
RÍO SEGUNDO – El escenario parlamentario local sumó en las últimas horas un capítulo de alto impacto institucional. Hacemos Unidos por Córdoba presentaron por Mesa de Entradas un proyecto de resolución para dejar sin efecto la designación del abogado Roberto Ángel Bujedo como Asesor Parlamentario del Concejo Deliberante.
Pérdida de confianza y rigor técnico
El instrumento legislativo fundamenta la solicitud de remoción en el marco de las atribuciones exclusivas que la Ley Orgánica Municipal N.º 8102 (artículo 30°, incisos 28 y 29) le otorga al Concejo sobre su personal y organización interna. Lejos de plantearse como una sanción de carácter disciplinario, el proyecto encuadra la medida en la pérdida de confianza técnica e institucional respecto de una función que exige objetividad, prudencia y apego normativo.
El núcleo de los cuestionamientos apunta directamente al dictamen emitido por Bujedo el 24 de septiembre pasado en el marco del proceso de disolución y transferencia de SerMAS. Los ediles demostraron que dicho dictamen pretendió fundamentar consecuencias de nulidad absoluta invocando artículos de la Ley Provincial N.º 5350 que no resultan aplicables al ordenamiento local, obviando que la Municipalidad de Río Segundo solo adhirió de forma puntual y restrictiva a determinados tramos de dicha norma mediante la Ordenanza N.º 1481/2008.
Asimismo, el proyecto remarca que el asesor asimiló la mera entrega extemporánea de documentación con una supuesta nulidad de orden público, sin individualizar los actos concretos ni justificar por qué convalidó vencimientos precedentes y luego consideró insanable un plazo posterior. Esas conclusiones técnicas fueron tomadas por la Comisión Investigadora en su Despacho N.º 002/26, incidiendo de forma decisiva en el rumbo de las actuaciones.
La transición y la restitución de documentos
Otro de los considerandos destacados del texto examina la trayectoria del profesional, recordando que Bujedo solicitó licencia sin goce de haberes en el Concejo para desempeñarse como Coordinador General de Legal y Técnica del Departamento Ejecutivo desde el 11 de marzo de 2026, reincorporándose al asesoramiento legislativo el 31 de julio. Según el bloque, ese desempeño sucesivo en ambos poderes demandaba una estricta prudencia al momento de examinar actos administrativos desarrollados durante la gestión que él mismo integró.
Entre los puntos dispositivos, el proyecto contempla un plazo perentorio de 48 horas tras la notificación para que el letrado restituya a la Secretaría del cuerpo —mediante acta e inventario riguroso— la totalidad de expedientes, antecedentes y documentación institucional bajo su custodia. A su vez, se ordena la estricta conservación de todos los dictámenes y actuaciones de SerMAS a los fines de permitir su posterior examen por los órganos de control competentes, como el Tribunal de Cuentas de la Provincia.
Como respaldo probatorio, los autores incorporaron en el Anexo I constancias normativas, una carta documento remitida a comienzos de mes y publicaciones de redes sociales vinculadas a la actividad del asesor profesional.
El debate tomará estado parlamentario en la sesión del lunes, trasladando la presión política al resto de las bancadas y a la propia conducción del cuerpo deliberativo, que deberá definir a mano alzada su postura frente a la continuidad del asesoramiento legal.
(Fuente: Concejo Deliberante de Río Segundo / Bloque Hacemos Unidos por Córdoba / Redacción Ruta 9 Noticias)
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