En una entrevista exclusiva con Ruta 9 Noticias, el concejal Rodrigo Correa fundamentó los motivos que lo llevaron a ingresar formalmente en el Concejo Deliberante un proyecto de resolución para dar inicio al proceso de juicio político contra el intendente Darío Chesta y conformar una Comisión Investigadora. El edil opositor aseguró que la persistente falta de respuestas del Ejecutivo ante las convocatorias parlamentarias, los manejos financieros y el enfrentamiento interno del oficialismo precipitaron la necesidad del control legislativo.
Durante el mano a mano, Correa marcó distinciones entre el rol de la fiscalía local y el deber reglamentario del parlamento municipal, aclaró el esquema de mayorías requeridas según la Ley Orgánica 8102 y dejó abierta la discusión sobre una eventual sucesión institucional en caso de prosperar la destitución.
El disparador del proyecto y las citaciones al Ejecutivo
Consultado sobre el trasfondo de la iniciativa, Correa argumentó:
«La actitud evasiva del intendente Chesta a las diferentes citaciones del Concejo Deliberante, los desmanejos económicos y financieros, sumándole la profunda crisis institucional y política en la que el peronismo de Río Segundo nos llevó, me motivó la presentación de este proyecto de resolución de juicio político».
El rol de la Justicia y el Concejo Deliberante
Al responder por qué se impulsa esta instancia en el recinto sin aguardar las determinaciones de las causas radicadas en la Fiscalía de Instrucción, el concejal subrayó la independencia funcional de los poderes:
«Son dos caminos distintos y paralelos. La Justicia avanzará con la investigación y con la resolución de la culpabilidad o no de los acusados de las distintas denuncias efectuadas. Nosotros, como órgano de control de los actos de gobierno, debemos cumplir con esa función y con las atribuciones impuestas por la Ley Orgánica Municipal al Concejo Deliberante».
La cuestión de las mayorías y el debate sobre SerMAS
Respecto a la viabilidad numérica para aprobar la conformación de la comisión investigadora, Correa precisó que la normativa exige un respaldo agravado de dos tercios del cuerpo legislativo, equivalente a cinco votos afirmativos sobre el total de siete concejales.
Asimismo, al ser indagado sobre si la pesquisa alcanzará los meses del interinato de Ricardo Granja al frente del Ejecutivo comunal durante el proceso de disolución del ente SerMAS, fue tajante:
«Con esta resolución de juicio político lo que estoy pidiendo es juzgar a los actos de gobierno de la figura del intendente. La verdad que si esta figura es ocupada por Granja o Chesta me tiene sin cuidado, pero hay una realidad: hoy por hoy Chesta es el que ocupa el cargo del Ejecutivo y encabezó una lista en el año 2023 para ocupar el cargo del intendente municipal de la ciudad de Río Segundo; o sea que la responsabilidad en este momento le cabe a Darío Chesta».
Un escenario complejo y definiciones a futuro
Finalmente, ante la hipótesis contemplada por la Ley 8102 en la que el Concejo deba elegir a un sucesor en caso de apartamiento del mandatario, Correa prefirió postergar nombres propios, aunque trazó el perfil de liderazgo que requeriría el municipio:
«Esta discusión, este debate, lo vamos a tener que tener más adelante si este proyecto de resolución se aprueba. Pero lo que sí tengo certeza es que la situación de la Municipalidad de Río Segundo es muy compleja y hay que tomar decisiones duras y de fondo. Y la persona que esté a cargo tiene que estar con esa convicción y esa decisión de tomar, justamente, decisiones duras y de fondo».
(Fuente: Exclusivo Ruta 9 Noticias / Redacción Ruta 9 Noticias)
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