Redacción de Ruta 9 Noticias
Río Segundo estuvo a un solo voto de ingresar en la crisis institucional más grave de las últimas décadas. Viendo las grietas oficialistas y cumpliendo su rol de oposición, Rodrigo Correa presentó el Pedido de juicio político de Chesta.
Pero ese “legítimo pedido de investigación”, desnudó su verdadera fisonomía: un intento orquestado de desestabilización política, un asalto institucional a la intendencia pergeñado en las sombras y abortado a último momento, no por convicciones éticas, sino por un mero cálculo numérico.
El desenlace de la sesión del Concejo Deliberante no puede leerse como un trámite administrativo más. El fracaso del juicio político impulsado por Rodrigo Correa demostró que la UCR y Juntos por el Cambio funcionaron sabiendo o sin querer como el ariete visible de una conspiración mucho más oscura, cuyos verdaderos cerebros operan dentro del propio oficialismo que hoy se despedaza.
La conspiración de fin de semana y la doble moral del faltazo
Durante el último fin de semana, los teléfonos ardieron en la ciudad. Emisarios directos del presidente del Concejo, Ricardo Granja, y del asesor Roberto Bujedo, desplegaron una intensa y febril cacería del «voto 5»: ese número mágico de la mayoría calificada agravada que les permitía suspender a Darío Chesta y colocar nuevamente a Granja en el sillón municipal.
El plan se cayó, y allí apareció la verdadera talla política de sus promotores: Ricardo Granja, el mismo que durante días operó la maniobra destituyente, eligió el faltazo. El presidente del cuerpo no dio la cara en el recinto en el momento más trascendental del año. Se borró para no quedar mal en el Panal votando en contra o levantando la mano con Juntos por el Cambio en una votación perdida y quedar mal con sus aliados locales.
La hipocresía se completó en la banca de su aliada, la concejal Marcela Bugedo: votó formalmente en contra para salvar las apariencias partidarias, pero usó el micrófono para exigir la renuncia de Chesta y pedir un «acto de grandeza». Una contradicción grotesca: si el juicio político no tenía sustento legal ni votos, ¿en concepto de qué le piden la dimisión al intendente elegido por el pueblo? La respuesta es obvia: querían la intendencia por secretaría, sin urnas y sin pagar el costo público de haber sido los autores materiales del derrocamiento.
El rol de Córdoba: apagar el fuego sin desarmar la bomba
En este tablero, la conducción provincial del peronismo tampoco sale indemne. Es un secreto a voces que desde la capital provincial se levantó el teléfono para frenar la locura de entregarle la cabeza del intendente propio a la oposición. Pero esa intervención fue apenas un torniquete de urgencia.
La realidad es que Ricardo Granja desoyó el espíritu del mensaje provincial: si no concurrió a votar el juicio político no fue por disciplina partidaria, sino porque no le alcanzaban los votos para ganar. Si el fin de semana lograban el voto 5, Granja se hubiera sentado el lunes en el recinto para coronar el golpe, consumando la destitución frente a los ojos de Córdoba. Mirar para otro lado o tolerar que un dirigente mantenga como rehén la gobernabilidad de una ciudad es una irresponsabilidad política que el Centro Cívico no puede permitirse por mucho más tiempo.
La debilidad de Chesta: el silencio no es gestión
Ahora bien, la gravedad de la embestida opositora y granjista no puede convertirse en un cheque en blanco para el Ejecutivo. Hay una verdad incómoda que debe decirse con claridad: si los golpistas se animaron a semejante osadía, fue en gran medida por la manifiesta inacción y la alarmante debilidad política que proyecta Darío Chesta.
No se puede gobernar una ciudad en piloto automático, ni mucho menos pretender que las tormentas institucionales se disipen solas mientras la tropa propia sangra en la trinchera. Los concejales que defienden la gestión en el recinto sienten el peso de inmolarse en soledad mientras el Ejecutivo permanece encerrado, sin conducción clara, sin iniciativa política y sin poner la cara ante los vecinos.
El intendente debe despertar. Salvarse de un juicio político por un voto no es un triunfo para festejar; es una advertencia terminal. Si Chesta no asume la conducción con firmeza, si no respalda a sus ediles, si no limpia a los asesores que litigan en su contra y si no exige públicamente la rendición de cuentas del interinato de Granja, el vacío de poder seguirá siendo una invitación abierta para que vuelvan a intentar el asalto.
Río Segundo necesita certidumbre, legalidad y madurez democrática. Los atajos institucionales fracasaron este lunes. Es hora de que quienes juraron gobernar y legislar para el pueblo dejen de jugar a la ruleta rusa con el destino de toda una comunidad.
