Una grave denuncia por violencia familiar radicada el pasado 8 de septiembre en la localidad de Toledo comenzó a generar fuertes repercusiones judiciales y políticas en el departamento Santa María. Entre las personas señaladas por la denunciante figura José Marín, un funcionario de larga trayectoria municipal que fue designado como secretario de Gobierno en mayo de este año.
De acuerdo a la presentación judicial y policial, la víctima, Andrea Sánchez, denunció haber sido sujetada de los brazos y golpeada en el rostro por personas pertenecientes al entorno de su expareja, señalando a Marín entre los presuntos agresores. El violento episodio se habría desarrollado durante un conflicto familiar y en presencia de tres hijos menores de edad.
La acusación cuenta con respaldo de informes médicos que certificaron un traumatismo con hematoma en la zona maxilar derecha, además de registros fotográficos de las lesiones sufridas. En el expediente también se incorporó material en video sobre lo ocurrido, cuya validez probatoria está siendo peritada por los investigadores.
LA PALABRA DE LA ABOGADA Y EL COSTADO POLÍTICO
En declaraciones al portal Mi Valle, la abogada patrocinante de la víctima, la doctora Alanís, ratificó que José Marín aparece individualizado como uno de los presuntos autores de los golpes, mientras que otros involucrados fueron denunciados por amenazas verbales.
“Estamos ante una denuncia por hechos de violencia familiar que involucra a distintas personas del entorno de la expareja de mi representada. Los hechos denunciados habrían ocurrido en presencia de sus tres hijos menores de edad, circunstancia que merece especial atención por la posible afectación de sus derechos”, advirtió la letrada, remarcando que las responsabilidades penales deberán determinarse en la instrucción judicial.
Consultada sobre la implicancia institucional debido a que Marín integra el gabinete del Ejecutivo municipal, Alanís sostuvo: “Desde el punto de vista jurídico, considero fundamental que toda investigación se desarrolle con independencia, respetando el principio de igualdad ante la ley y las garantías de todas las personas involucradas. Mi intervención no tiene una finalidad política; se limita exclusivamente al ejercicio profesional y al acompañamiento jurídico de una persona que ha denunciado hechos de violencia y requiere medidas de protección”.
RESTICCIONES JUDICIALES Y PEDIDO DE BOTÓN ANTIPÁNICO
Tras la denuncia inicial, la Justicia dispuso el pasado 14 de septiembre medidas cautelares de restricción de acercamiento y prohibición de contacto por un plazo de tres meses. No obstante, la denunciante aseguró que las situaciones de intimidación continuaron y alertó sobre la circulación de uno de los acusados en cercanías de su vivienda.
Ante este panorama y el persistente temor por su integridad física y psicológica, la representación legal solicitó formalmente y con carácter urgente la entrega y activación del dispositivo SALVA (botón antipánico).
“Consideramos fundamental que las medidas de protección no se limiten a su dictado formal, sino que puedan implementarse de manera efectiva. El objetivo principal de esta intervención es que los hechos denunciados sean debidamente investigados y que Andrea cuente con una protección judicial efectiva”, concluyó la abogada.
Hasta el momento, la Municipalidad de Toledo no emitió comunicados oficiales respecto de la situación administrativa y funcional del secretario de Gobierno frente a la causa en curso.
(Fuente: Periodismo Mi Valle / Redacción Ruta 9 Noticias)
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