Viviendas paralizadas, terrenos municipales en el limbo y familias que esperan: qué pasó con los planes de vivienda que Milei desfinanció y cerró

El gobierno de Javier Milei eliminó los principales programas habitacionales del Estado nacional, dejó las obras inconclusas y trasladó la responsabilidad a provincias y municipios que, en la mayoría de los casos, no tienen los recursos para terminarlas. El resultado es una postal que se repite en muchas localidades: estructuras a medio construir, familias adjudicatarias que no saben qué va a pasar y terrenos municipales comprometidos sin una salida clara.

Los planes que se cerraron

El Ministerio de Economía oficializó la disolución de programas como Casa Propia, Argentina Construye, Argentina Construye Solidaria, Plan Nacional de Suelo Urbano, Procrear y Argentina Hace, mediante la Resolución 1199/2025.

El gobierno de Javier Milei oficializó la eliminación del plan PROCREAR de primera vivienda propia, que había ordenado por decreto en noviembre de 2024, estableciendo la transferencia a la Agencia de Administración de Bienes del Estado de algunos de los inmuebles construidos en su marco.

En paralelo, también disolvió el Fondo de Integración Socio Urbana, que financiaba la construcción de viviendas sociales en todo el país. Su desfinanciamiento paraliza más de 1.000 obras de integración sociourbana, poniendo en riesgo cerca de 25.000 empleos y privando a miles de familias de garantías básicas como vivienda digna, agua potable, cloacas y electricidad.

Las obras inconclusas: un número que dueleHasta febrero de 2025, había 992 proyectos en ejecución, de entre 100 y 300 casas cada uno, con diferentes niveles de avance: algunos superaban el 60%, mientras que otros estaban por debajo del 25%. En total, ya se habrían invertido más de US$3.000 millones para la construcción de alrededor de 100.000 viviendas. Según la nueva estrategia oficial, “el Gobierno Nacional no va a continuar ninguno.”

Desde la Asociación de Trabajadores del Estado señalaron que más de 1.800 convenios sobre vivienda resultaron afectados, que hay más de 72.000 obras en ejecución, algunas con un 80% finalizado, y que más de 2.000 empresas quebraron como consecuencia de la paralización.

Qué pasará con esas viviendas

El cambio central es que las jurisdicciones podrán asumir el financiamiento de las obras en curso cuando Nación no realice los desembolsos. A cambio, deberán aplicar un sistema de recupero de fondos, con cuotas que no superen el 30% de los ingresos familiares de los adjudicatarios.

En términos concretos: si el municipio o la provincia no puede financiar la obra, las viviendas quedan paradas. Y si las terminan, las familias adjudicatarias deberán pagar cuotas actualizadas por inflación, en un esquema muy diferente al que les habían prometido cuando firmaron los convenios.

La administración de Milei sostiene que el acceso a la vivienda propia debe gestionarse de manera privada mediante créditos personales, argumentando que la financiación para la construcción de viviendas es una función propia de los bancos comerciales y que no se justifica la intervención estatal en esta área.

El problema de los terrenos municipalesUno de los aspectos más complejos del escenario actual es el de los terrenos cedidos por los municipios para los planes habitacionales. Muchos de estos predios fueron transferidos por los gobiernos locales al Estado nacional o a los fideicomisos de los programas, con el compromiso de que allí se construirían viviendas para vecinos de la comunidad. Con los planes disueltos y las obras paralizadas, esos terrenos quedaron en un limbo legal y administrativo cuya resolución no está clara.

La medida que disolvió el PROCREAR ordenó al Ministerio de Economía la liquidación total del programa, incluyendo la transferencia, venta o restitución de bienes a provincias o municipios.

Pero esa devolución no es automática ni está garantizada, y en muchos casos los municipios deben iniciar gestiones específicas para recuperar sus propios terrenos.

La visión oficial vs. la realidad del terreno

El ministro Federico Sturzenegger celebró las medidas porque “destraba un sinnúmero de transferencias de obras inconclusas del Procrear” y permite que las jurisdicciones locales se hagan cargo de finalizarlas.

Sin embargo, para los municipios del interior cordobés que no tienen los recursos para asumir esa carga, el anuncio suena más a un traspaso del problema que a una solución.

Un especialista consultado por Infobae señaló que aproximadamente el 85% de quienes no tienen vivienda hoy no podrían acceder a un crédito hipotecario, dado que entre el valor de los salarios y el de las propiedades hay una brecha muy grande.

El resultado es una paradoja difícil de sostener: hay viviendas construidas o en construcción, hay familias que las necesitan y fueron adjudicatarias, y hay terrenos que los municipios cedieron para ese fin. Pero la cadena de financiamiento se cortó, y nadie sabe con certeza cuándo, cómo y quién va a terminar lo que ya se empezó.