La Justicia obligó al Gobierno a reglamentar la Emergencia Nacional en Discapacidad
No fue un anuncio voluntario ni una decisión espontánea. Obligado por un fallo judicial, el Gobierno nacional reglamentó la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad, aprobada por el Congreso en julio de 2025 y resistida por el oficialismo desde su sanción.
La reglamentación llegó con una fecha límite impuesta por la Justicia, este miércoles 4 de febrero, y se formalizó a través de un decreto presidencial que establece los procedimientos para poner en marcha la norma y crear un nuevo régimen de pensiones no contributivas para personas con discapacidad.Qué establece la reglamentación
El decreto define:
Criterios de acceso al nuevo régimen de pensiones.
Condiciones de permanencia y compatibilidades con otros ingresos.
Procedimientos administrativos y mecanismos de control.
Articulación con políticas de inclusión laboral para personas con discapacidad.
Además, se dispuso que la Secretaría Nacional de Discapacidad deje de funcionar como organismo descentralizado y pase a depender del Ministerio de Salud, bajo la órbita del ministro Mario Lugones.
Una ley que no nació en un despacho
Detrás de la reglamentación hay una historia que no comenzó hoy. La Emergencia en Discapacidad se gestó desde abajo, a partir de la organización de madres, cuidadoras, personas con discapacidad y familias, que desde 2020 vienen denunciando una situación crítica.
Mientras el país se detenía por la pandemia, la discapacidad no entró en cuarentena. Se cortaron terapias, faltaron alimentos, los ingresos no alcanzaron y el Estado miró para otro lado. Sin cargos, sin presupuesto y sin micrófonos, cientos de familias comenzaron a organizarse para visibilizar una realidad que el sistema negaba.
No fue un favor, fue una deuda
La reglamentación de la ley llegó tarde, después de:
años de reclamos,
marchas,
presentaciones judiciales,
desgaste emocional y económico,
y silencios oficiales.
Por eso, desde los espacios que impulsaron la emergencia remarcan que no se trata de un logro del Gobierno, sino del reconocimiento de una deuda histórica.
Un debate que sigue abierto
Aunque la ley ya está reglamentada, las organizaciones advierten que la implementación será clave y que continuarán atentas para que la emergencia no quede solo en el papel.
La emergencia no empezó ahora.
Lo que empezó ahora es el reconocimiento.
Y como remarcan quienes empujaron esta lucha desde el primer día:
cuando la pelea nace desde abajo, la verdad siempre encuentra la forma de quedar escrita.