El reparto discrecional de líneas de financiamiento de hasta $300 millones por municipio reavivó el debate sobre el uso de los recursos del Estado nacional para premiar la lealtad política, marginando a las localidades de signo opositor.
En lo que constituye una de las muestras más explícitas de utilización de un organismo descentralizado del Estado para la construcción político-partidaria, el diputado nacional Gabriel Bornoroni encabezó un polémico encuentro en Córdoba. El presidente del bloque de La Libertad Avanza reunió a la plana mayor del Banco de la Nación Argentina con un selecto grupo de aproximadamente 50 intendentes y jefes comunales bajo una condición estricta: pertenecer o mostrar abierta simpatía hacia el proyecto político del presidente Javier Milei.
La cumbre, celebrada con el claro objetivo de acelerar el reclutamiento libertario en la provincia, incluyó la promesa de otorgar créditos de hasta 300 millones de pesos por municipio. El desembarco de la cúpula de la entidad —encabezada por su presidente Darío Wasserman, el vicepresidente Alejandro Henke y directores políticos como Carolina Píparo— fue duramente cuestionado por diferentes sectores institucionales, quienes denunciaron una “avanzada política” que desvirtúa el rol de fomento de la principal banca pública del país, convirtiéndola en una caja de premios y castigos ideológicos.
Financiamiento condicionado y exclusión del interior
Según el propio comunicado oficial de La Libertad Avanza, las herramientas financieras y de gestión presentadas —diseñadas supuestamente para infraestructura, modernización de servicios y pago de haberes— estuvieron dirigidas exclusivamente a los jefes municipales alineados con el oficialismo nacional, tales como Pablo Cornet (Villa Allende), Federico Zárate (Jesús María), Fernando Rambaldi (La Calera), Ezequiel Lemos (Río Ceballos), Nicolás Filoni (Oncativo), José Manuel Moroni (Bell Ville), Ignacio Tagni (Villa Nueva) y Adela Arning (Mendiolaza).
La controversia radica en que el anuncio oficial no contempló ninguna ventanilla de acceso equitativo para el resto de los más de 400 municipios y comunas de Córdoba cuyos intendentes pertenecen a fuerzas vecinalistas, independientes u opositoras. Esta exclusión deliberada profundiza la desigualdad económica “tierra adentro”, ya que los recursos que se financian con los impuestos de todos los ciudadanos terminan utilizándose como una herramienta de extorsión política y asfixia financiera para los pueblos que no se subordinan al armado oficialista de Bornoroni en la provincia.
📧 noticiasruta9-zona@outlook.com
📸 @ruta9noticias
