Polémica en Río Segundo: Fernanda Zárate alertó sobre la judicialización del cobro del Agua a través de Rentas de Córdoba
La concejal de Río Segundo, Dra. Fernanda Zárate, encendió las alarmas de la comunidad al denunciar el fuerte impacto económico que tendrá el traspaso del cobro de las deudas de agua corriente a la Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba. La edila remarcó que esta polémica transferencia se produce luego de que la gestión del intendente interino, Dr. Ricardo Granja, disolviera el Ente Autárquico local para absorberlo dentro de la Municipalidad.
La prestación del servicio de agua corriente en la ciudad de Río Segundo sumó un nuevo y conflictivo capítulo institucional. El foco de la discusión pública se centró de forma directa en el paso del cobro de las carteras morosas a la órbita de Rentas de Córdoba, una medida que modifica radicalmente las condiciones de regularización y financiamiento que regían a nivel municipal para las familias de la localidad.
De la órbita local al control fiscal de la Provincia
Esta derivación del cobro hacia las oficinas provinciales es el corolario de una serie de reformas estructurales impulsadas por la administración del intendente interino, Dr. Ricardo Granja. En primera instancia, el Poder Ejecutivo dispuso la disolución definitiva del histórico Ente Autárquico del Agua, un organismo independiente que regulaba el suministro local. Sus facultades y base de usuarios fueron totalmente absorbidas por la estructura central del municipio.
Sin embargo, tras centralizar la administración, la Municipalidad resolvió delegar la recaudación forzosa en la Dirección de Rentas de la Provincia. Este cambio significa que el Estado local cede la potestad de negociar las moras de manera directa con los vecinos, transfiriendo una herramienta de recaudación masiva a un organismo de estricta naturaleza fiscal y jurídica coercitiva.
Los riesgos de la judicialización forzosa
El paso del cobro a Rentas de Córdoba generó una dura reacción por parte del bloque de la oposición Libertad e Independencia. Su referente, la Dra. Fernanda Zárate, difundió documentación técnica que detalla las nuevas y severas herramientas que tendrá la Provincia para intimar a los usuarios residenciales y comerciales.
A partir de la vigencia de este convenio, Rentas de Córdoba queda plenamente facultada para emitir y ejecutar títulos ejecutivos, el instrumento legal indispensable para iniciar juicios de apremio inmediatos. Estas demandas judiciales se ampararán de forma directa en la Ley Provincial N° 9024, lo que expone a los ciudadanos a una mayor presión fiscal mediante procesos de embargo automáticos.
Más costos y falta de sensibilidad social
Zárate advirtió que la transferencia del cobro a la Provincia elimina cualquier instancia de mediación o contemplación social ante crisis económicas familiares. El sistema centralizado de Rentas aplicará un criterio unificado e inflexible que, según la concejal, “no diferencia al especulador del vecino que tiene problemas sociales o atraviesa una vulnerabilidad económica real”.
Asimismo, el informe de la oposición detalla que el paso de estas deudas a la vía judicial indexará de forma obligatoria una importante carga de costos complementarios sobre los deudores. El monto final reclamado por la Provincia ya no se limitará al capital originalmente adeudado, sino que se le sumarán de manera acumulativa intereses punitorios, recargos por mora y las costas judiciales derivadas de las tasas de justicia y los honorarios de los abogados intervinientes, encareciendo drásticamente la regularización del servicio vital.
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