El derrotero político de Roberto Bujedo. Su paso por las asesorías legales regionales, su rol como «superjefe de gabinete» durante el interinato en Río Segundo y el manual de impericias técnicas que hoy tienen a Granja prácticamente sin futuro político y a un oficialismo pagando el costo.
RÍO SEGUNDO – En los gobiernos debería haber una línea divisoria nítida entre la labor del asesoramiento técnico y la toma de decisiones políticas. Cuando esa frontera se diluye por ambición desmedida, las consecuencias suelen pagarse en los tribunales y en los recintos deliberativos. La trayectoria reciente del Dr. Roberto Ángel Bujedo en el Departamento Río Segundo ofrece un caso de estudio sobre cómo la extralimitación funcional y la confrontación termina implosionando las administraciones que pretende liderar desde las sombras como una especie de Monge Negro pero sin experiencia política.
Los antecedentes regionales: el libreto que se repite
El desembarco de Bujedo en la escena política de Río Segundo no se dio en el vacío. Quienes conocen los pasillos institucionales del departamento recuerdan su paso por el equipo legal de la Municipalidad de Pilar y las consecuencias que todos saben. Ya en aquellas intervenciones en la mesa de decisiones solían asomar los mismos rasgos que hoy complican al oficialismo y particularmente a Granja: una propensión a forzar interpretaciones jurídicas al límite, la judicialización de los conflictos administrativos y una constante pretensión de erigirse en tutor político de quienes debían ser sus comitentes formales. Aquel antecedente regional preanunciaba lo que más tarde se desataría en Río Segundo sepultando el futuro político de Granja y el del cordobesismo local.
El interinato de Granja: el «superjefe de gabinete» de facto
La oportunidad de máxima exposición para Bujedo llegó entre marzo y julio de 2026, durante el interinato municipal del Dr. Ricardo Granja. Amparado en la polémica Resolución HCD N.º 008/26 —que le reservó su cargo legislativo para asumir en el Departamento Ejecutivo Municipal—, asumió formalmente como Coordinador General de Legal y Técnica.
Sin embargo, en la práctica cotidiana, su función desbordó por completo el organigrama municipal:
Poder por encima de los secretarios: Bujedo operó en los hechos como una suerte de “jefe de gabinete plenipotenciario”, centralizando expedientes, impartiendo directivas a áreas que no eran de su competencia e ignorando las advertencias de funcionarios de carrera.
El eclipse de Granja: En múltiples ocasiones, el asesor letrado actuó públicamente y puertas adentro como si la autoridad ejecutiva descansara en su figura antes que en la del propio intendente interino. Granja delegó el timón político y administrativo en su asesor, quedando subordinado a su esquema de poder.
La estela de desmanejos: Bajo esa conducción integral en las sombras, la administración del interinato incurrió en prácticas hoy ventiladas en sede judicial: millonarios retiros de fondos de caja chica en mano con vales de puño y letra sin imputación presupuestaria ni factura AFIP autotransferencias bancarias bajo conceptos genéricos y gastos sin rendición del Intendente Interino, que Bujedo jamás objetó ni corrigió o porque no lo sabía o porque no lo hizo.
La retirada al Concejo y el boomerang técnico
Tras la normalización institucional del Ejecutivo, el repliegue de Bujedo al Concejo Deliberante en su rol de Asesor Parlamentario no moderó su metodología; la trasladó al recinto legislativo. Para cubrir los desfasajes del interinato y construir una trinchera institucional, promovió la Comisión Especial y redactó el «Dictamen Técnico-Jurídico» del 24 de septiembre.
Allí quedó al descubierto el talón de Aquiles del armador: la endeblez técnica disfrazada de rigor jurídico.
1. La burrada contable del extracto: Para montar la acusación de una supuesta “caja negra”, afirmó en su dictamen y en redes sociales un pretendido “faltante de $7 millones” en el Fondo Champaquí. Los extractos oficiales de Bancor del 19 de mayo demostraron la impericia elemental: los fondos ingresaron íntegros por $26.846.365 a las arcas públicas, y la cifra que Bujedo calificó de “rescate” fue en realidad una transferencia bancaria saliente emitida por la propia Municipalidad de Granja que él coordinaba.
2. El doble estándar familiar: Mientras arremetía contra las compras públicas, omitió en su dictamen al comercio de Rubén Boyero (conviviente de su propia hermana), que registraba facturas y órdenes de pago en el organismo. Al justificar luego su omisión por “orfandad probatoria” tras intimar por carta documento a la prensa, admitió de puño y letra la incompatibilidad ética.
3. El colapso de la neutralidad: Sus apariciones públicas afirmando que él mismo patrocina denuncias penales contra las partes que pretendió auditar desnudaron que jamás actuó como un asesor técnico imparcial, sino como un acusador de parte operando desde las bancas del Estado.
El costo político
La estrategia del asesor que pretendió gobernar Río Segundo por delegación ha dejado un saldo institucional visible: un intendente interino comprometido judicialmente, el oficialismo legislativo empujado a convalidar dictámenes con datos contables viciados, y una gestión que empieza a notar que los consejos del armador todopoderoso no blindaban al poder, sino que lo llevaban directo al abismo republicano.
